El juez acusa de malversación a la teniente de alcalde de Ourense

El juez que investiga las presuntas ilegalidades cometidas en el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el PSdeG, ha dictado un auto en el que acusa a la teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social, Marga Martín, de un presunto delito de “malversación de caudales públicos”. También acusa a la edila de ser “cooperadora necesaria” de un posible delito de “estafa agravada en concurrencia de una falsedad de uso de documento mercantil” en el que implica a Alberto López y José Troncoso, los empresarios que gestionan el servicio. El instructor, Antonio Piña, ve “indicios racionales” de hechos delictivos cometidos por Martín, varios funcionarios de la cúpula de la concejalía y los dueños de la empresa Troncoso Saludges en la facturación entre los años 2007 y 2011.

En un auto de 41 páginas, el juez sostiene ue la teniente de alcalde pagó de forma continuada facturas infladas a sabiendas de que era ilegal. También relata supuestas ilegalidades e incumplimientos de contrato con la “cooperación” de la cúpula de su concejalía, a la que acusa de mantener una “conducta dolosa” lo que motivó “un quebranto patrimonial” a las arcas públicas. “Se aprecian indicios de responsabilidad criminal en quienes ostentaron la jefatura de servicio [Marta Rodríguez, María José Méndez y Juan José Monedero], así como en la concejala Sra. Martín” asevera.

El magistrado revela “continuas mutaciones en las horas facturadas sin explicación o autorización”. La investigación destapa facturas supuestamente  infladas y dobles facturaciones pagadas por el Gobierno ourensano. Los empresarios remitían correos electrónicos a la teniente de alcalde en los que se acordaba cómo realizar facturas falsas (detallando el importe o el período de facturación) que posteriormente eran presentadas en sobres en la concejalía con el fin de “agotar el presupuesto” destinado a la ayuda a domicilio y a dependientes “que todavía no había sido consumido" y que, según el juez, “no hubiese sido agotado si no se hubiesen efectuado” esas facturas falsas. “Algunos conceptos falsos faltan groseramente a la verdad y no hubiesen resistido la más mínima verificación por los Servicios Sociales”, asevera el auto. El magistrado considera probado que existe una “concertación” para la emisión de facturas infladas.

El juez también acusa al Ayuntamiento de “incumplir el contenido de la sentencia” del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 9 de noviembre de 2010 que tumbó la adjudicación del servicio a  firma de los empresarios imputados “por no retrotraer el contrato a la fecha en que fue licitado” y continuar prestando el servicio sin contrato o base legal alguna que lo sustentase. El interventor municipal reparó durante 2011 facturas del servicio de ayuda a domicilio por valor de 3,3 millones de euros, pero el entonces alcalde, Francisco Rodríguez, levantó esos reparos y ordenó efectuar los pagos, según recuerda el juez. A este respecto, considera que existe un “fraude de derecho” por urdir el Gobierno ourensano un “artificio para resolver el contrato de mutuo acuerdo [entre la empresa y el ayuntamiento] el día anterior a la toma en conocimiento formal” de la sentencia judicial, que fue ocultada hasta hace unos meses, cuando los medios de comunicación destaparon su existencia.

La instrucción ha llegado a detectar que el ayuntamiento pagó a la empresa vacaciones de las trabajadoras como si fuesen horas de trabajo prestado. El auto también revela pagos mensuales de entre 3.000 y 5.000 euros por desplazamientos de empleadas que nunca se efectuaron. El juez acusa a Martín de efectuar esos pagos “pese a conocer que no tenía sustento contractual y sin requerir ningún informe técnico” tras ser alertada de la ilegalidad por una funcionaria y porque “así se evidencia en los correos electrónicos” intercambiados con los empresarios. “Existen indicios que acreditan el conocimiento fehaciente que la concejala tiene de que el contrato no autoriza estos pagos, lo que permite considerar dolosa el pago a sabiendas de su improcedencia”, acusa el auto. El documento también relata un posible delito de tráfico de influencias, aunque por ahora no lo concreta.

El destino de los fondos públicos pagados presuntamente de forma irregular todavía no ha sido acotado, aunque otra línea de la investigación trata de dilucidar movimientos de dinero atípicos en una cuenta bancaria de los empresarios. El juez ha ordenado ahora un careo entre la teniente de alcalde y una funcionaria el 13 de noviembre, así como el cálculo definitivo del perjuicio patrimonial causado a las arcas públicas del que se encargará la Unidad de Delincuencia Especializada de la policía. Al no tratarse de un auto de procedimiento abreviado, el magistrado recuerda que podrían producirse cambios tras practicarse nuevas pruebas periciales. La denuncia por estas irregularidades fue presentada en el juzgado hace un año por Democracia Ourensana, una formación política con dos ediles en la corporación local.