Paralizado un desahucio de una mujer enferma con tres hijos en A Coruña

Pese a multiplicarse los protocolos y programas entre Administraciones públicas para tratar de dar amparo y solución a personas a punto de ser desahuciadas por impago de sus viviendas, es otra vez la presión ciudadana la que impidió ayer que se ejecutara la expulsión de su piso de una vecina de A Coruña, madre de tres niños de corta edad, enferma (sufre fibromialgia) y desempleada desde hace años. Fue la presencia en la calle, al pie del edificio donde vive Elisabeth Salnés, de un centenar de vecinos y activistas de Stop Desahucios la que llevó a la comisión judicial encargada de notificar el lanzamiento —orden de expulsión— a finalmente suspenderla. No había ningún policía en el entorno. Pero los gritos de las personas concentradas, cortando el acceso en el portal del inmueble, fueron suficientes para abortar el desahucio. Es solo un aplazamiento, de unos 15 días como máximo, para un desalojo que es imposible paralizar desde el punto de vista legal, como recordaron las autoridades judiciales.

La mujer, cuyos hijos de tres, cuatro y 11 años viven a cargo de su padre, según el Ayuntamiento, debe casi un año de alquiler. Son unos 400 euros mensuales, prácticamente el doble del subsidio con el que vive, unos 216 euros. El propio magistrado encargado del caso, titular del juzgado de Primera Instancia número nueve de A Coruña, califica la situación de esta coruñesa, a la que recibió el viernes, de “vulnerabilidad social”. Y, de acuerdo con el protocolo de ayuda que se comprometieron a cumplir el Tribunal Superior de Xustiza, la Xunta y la Federación de Municipios e Provincias, alertó a los servicios sociales tanto del Ayuntamiento como de la Consellería de Benestar para urgirles a tomar cartas en el asunto.

Desde el gobierno municipal de A Coruña, aseguran que hace semanas que están trabajando “en dar soluciones” a Salnés. Pero sin acertar hasta el momento. Le ofrecieron primero una vivienda de alquiler social de la Xunta. Pero fue rechazada por la mujer al tratarse de un cuarto piso sin ascensor. Elisabeth, por su enfermedad, incidió en la imposibilidad para ella de subir tantas escaleras. Ayer, ante la inminencia del desalojo, la única opción que el consistorio dio a la mujer fue irse vivir a una residencia de una entidad religiosa de caridad. Una alternativa que impediría a la mujer seguir viendo a sus hijos con la misma frecuencia que hasta ahora.

No hay fecha señalada de momento, según el juzgado, para tratar de ejecutar de nuevo el desahucio de Salnés. Como tampoco para evitar el de la vecina de Cabanas, con un hijo de tres años a su cargo, que fue abortado el lunes también gracias a la movilización ciudadana. “Fue vital”, reconoció ayer la secretaria general de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, al asegurar que se sigue “trabajando en permanente colaboración” con el Ayuntamiento en busca de una solución a este caso