Munté admite su incapacidad para prevenir los abusos en el caso Castelldans

Un total de 16 años de controles periódicos e inspecciones no lograron detectar que en casa de David Donet, en Castelldans (Les Garrigues), se estaban presuntamente cometiendo abusos a menores. Pero una vez el caso ha salido a la luz, la Generalitat tampoco sabe explicar por qué fue incapaz de proteger a 14 menores que estaban bajo su tutela. “No sabemos qué ha podido fallar”, admitió ayer la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, que llegó a pedir perdón a los menores por “los daños causados” durante la presentación del informe en el que los técnicos del departamento han revisado el caso durante tres meses.

La Generalitat asegura, además, que los abusos eran “indetectables”, lo que dejaría sin responsables administrativos al escándalo. “De la información analizada no se desprende ningún indicio que pudiera hacer prever que David Donet fuese un pederasta”, afirmó la consejera.

Donet, de 47 años y educador social, tuvo acogidos en su casa desde 1997 a 14 menores tutelados por la Generalitat. En el momento de ser detenido, a finales de junio, tenía a su cargo tres adolescentes de 12, 15 y 17 años, que Bienestar Social le retiró inmediatamente y trasladó a un centro de acogida. Donet está acusado de posesión de pornografía infantil y de abusos sexuales a una veintena de menores. Actualmente el presunto pederasta está en prisión preventiva en Lleida.

Durante los 16 años que este vecino de Castelldans acogió menores, los inspectores de la fundación Concepció Juvanteny elaboraron hasta 34 informes de seguimiento —uno cada seis meses— en base a conversaciones telefónicas, visitas al hogar del detenido y entrevistas con los menores tutelados y sus profesores. Pero en dichos informes no consta nada fuera de lo normal, según Munté. La consejera admitió ayer que no se explica por qué no se detectó la habitación donde presuntamente se producían los abusos ni ninguna señal que pudiera hacer imaginar que algo no funcionaba bien. “Entre todos no hemos podido evitar estos hechos ni evitar el dolor que se ha producido en muchos casos”, reconoció.

Durante 16 años,

“Sí que saben lo que falló, lo que pasa es que lo quieren tapar”, replicó Francesc Sapena, abogado defensor de varios de los chicos que han denunciado los abusos. El letrado se mostró muy sorprendido ayer por las conclusiones del informe de Bienestar Social y mostró recelos a darle credibilidad. “Claro que no se ha podido detectar nada, ya que las inspecciones eran deficientes y hechas por un personal poco profesional”, valoró Sapena.

“Todos los menores que hemos entrevistado niegan los abusos”, afirmó la consejera para respaldar su defensa sobre las dificultades de detección del caso. Para elaborar el informe, Bienestar solo entrevistó a la mitad de los menores acogidos por Donet. Munté no aclaró por qué no se ha hablado con el resto.

Lo que sí se detectó es una “falta de atención” de los chicos por parte de Donet en los últimos cuatro años. El informe recoge, tal y como habían denunciado reiteradamente los profesores, que el presunto pederasta descuidaba la higiene, la alimentación y el rendimiento escolar de los menores a su cargo. Pero esto ya se conocía y se contrató a una persona que ayudara en las tareas domésticas. La Generalitat no considera que esta desatención fuera motivo para retirarle los niños a Donet.

“Sí que saben lo que falló, lo que pasa es que lo quieren tapar”, replica el abogados de las víctimas

No obstante, la Generalitat abrirá un expediente sancionador a la fundación por “actuar con poco rigor y de forma poco cuidadosa”. Bienestar quiere investigar con más detalles las “contradicciones” detectadas en las explicaciones dadas, pero descarta tomar medidas preventivas contra la entidad, que actualmente gestiona los expedientes de 97 familias.

A pesar de la falta de resultados conseguidos y la falta de autocrítica sobre un sistema que no ha sido capaz de detectar los abusos —salieron a la luz por la denuncia de la madre de un menor al que Donet contactó por Facebook pidiéndole que se dejara fotografiar—, Munté anunció cambios en el proceso de acogida de menores. “Hay un antes y un después del caso Castelldans”, aseveró la consejera.

Algunas de estas modificaciones consistirán en aumentar los controles, emitiendo informes de seguimiento cada tres meses, y no cada seis como hasta ahora. Bienestar también enviará a sus técnicos a hacer una visita a los hogares, que complementará las que realizan las entidades. Además, las familias serán sometidas anualmente a un proceso de validación —comprobar si cumplen los requisitos económicos y sociales—. Ahora se revisa su situación al incorporarse al sistema.

Munté quiso mostrar su pesar por el caso, remarcando que el departamento será acusación particular: “No se nos acusa de nada, somos nosotros quien acusa”. El abogado de las víctimas discrepa y recuerda que la Generalitat puede ser declarada responsable civil en base a las pruebas que maneja el juez.