La oposición arremete en las Cortes contra un PP a la defensiva

Font de Mora expulsa a una víctima del metro y a Ignacio Blanco, de EUPV

Marina Albiol, de EUPV, subió a la tribuna una camiseta de las víctimas del metro. Font de Mora presidió el pleno.
Marina Albiol, de EUPV, subió a la tribuna una camiseta de las víctimas del metro. Font de Mora presidió el pleno.

No fue una buena idea concentrar hasta nueve peticiones de comisiones de investigación y tres proposiciones no de ley de la oposición en un solo pleno de las Cortes Valencianas. No fue una buena idea, al menos, para el PP, el partido mayoritario, que rechazó este miércoles, y acabará de rechazar hoy, todas las iniciativas, pero se vio sometido a un considerable vapuleo de los tres grupos de izquierda, a los que se permitió desplegar el amplio abanico de temas en los que coinciden y que pusieron a los populares a la defensiva.

La falta de recursos para atender a víctimas de la exclusión social mediante la renta garantizada de ciudadanía, los sobresueldos de los parlamentarios que el PP no quiere hacer públicos, la manipulación de la investigación del accidente del metro de 2006, la corrupción en la organización de la visita del Papa, las repercusiones valencianas del caso Bárcenas, el dinero público destinado a la propaganda protrasvase o el coste de la privatización de las resonancias magnéticas sirvieron a la oposición para arremeter contra el PP y su trayectoria en el Consell durante los últimos lustros.

Los corruptos, el anticristo y el papa Francisco

“Los corruptos son el anticristo, están en medio de nosotros, pero no son de los nuestros”. La evocación de las palabras del apóstol Juan formaron parte de la cita de una homilía del papa Francisco pronunciada durante una misa en la Casa Santa Marta de Roma. El diputado socialista Josep Moreno cerró la sesión de la mañana del pleno de las Cortes Valencianas con la lectura de una carta al actual pontífice sobre “el escándalo del Encuentro de las Familias” en la que recogió la idea para comparar a quienes estuvieron en connivencia con la trama Gürtel con los “anticristos” a los que solo esperarán “las puertas del infierno”.

Esquerra Unida había propuesto investigar la gestión de los fondos públicos de la Generalitat invertidos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El diputado del PP Fernando Giner alegó que la fundación creada para la visita “no es pública”, señaló que él formó parte de la misma como presidente entonces de la Diputación de Valencia, y que nada de lo hecho por esta entidad “es motivo para avergonzarse”. Ignacio Blanco, de EUPV, le replicó si Ràdio Televisió Valenciana, donde la trama Gürtel saqueó varios millones de euros de la retransmisión de la visita, tampoco es pública y recordó a Giner que el 75% de los patronos de la fundación son administraciones públicas (Generalitat, Ayuntamiento y Diputación), y el 25% restante corresponde al Arzobispado. Mireia Mollà, de Compromís, dijo creer que alguien se encerró “a ver quién se llevaba la parte del pastel, pero la política no puede hacerse a golpes de creencia”. Por eso apoyó investigar lo ocurrido.

Ante una bancada popular atónita, el socialista Moreno entusiasmó a la oposición con su carta al Papa, que concluyó con un consejo a los diputados del PP: “Si me equivoco y finalmente Dios existe, piensen bien su voto, porque la prisión es para unos años, pero el infierno se hace, como los discursos de Fabra, eterno”.

“Quieren hacer una causa general”; “solo buscan el desgaste del Consell a cualquier precio”, “intentan poner al presidente Fabra contra las cuerdas”. Los diputados del PP recurrieron reiteradamente a este tipo de quejas, mientras los oradores de la oposición dejaban caer una y otra vez: “Si no se hace ahora, en 2015 se hará”. Las próximas elecciones autonómicas se han convertido, pues, en un punto de referencia que la derecha gobernante teme y la oposición de izquierdas anhela. El debate en la Cámara sirvió para hacerlo evidente.

Un momento clave fue la propuesta del PSPV-PSOE, de Compromís y de Esquerra Unida de crear una nueva comisión de investigación del accidente del metro ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas, por “los nuevos elementos” conocidos sobre la tragedia. El PP se atrincheró tras la juez del caso, que acaba de archivar la solicitud de la fiscalía de reabrir la causa. “La juez ha desbaratado todos sus argumentos”, "nunca fallaron las medidas de seguridad", dijo el popular Alfredo Castelló. "Hubo una negligencia del conductor", insistió el diputado, que añadió que accidentes como el del metro de Valencia y el del Alvia en Santiago de Compostela son “desgracias que suceden”.

Los diputados de la oposición argumentaron que los familiares de las víctimas, representados entre el público que asistió al pleno, quieren saber “la verdad” sobre el accidente. Francesc Signes (del PSPV), Marina Albiol (de EUPV) y Mònica Oltra (de Compromis) apelaron a la conciencia de los diputados del PP por la tragedia para reclamar una nueva comisión. "El accidente del metro no solo fue desgraciado, era evitable", destacó Oltra, que preguntó quiénes dieron órdenes para encubrir o manipular la investigación parlamentaria del suceso..

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Durante el debate, Alejandro Font de Mora, que presidió la sesión en sustitución de Juan Cotino, ordenó expulsar de la tribuna de invitados a un miembro de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 Julio, que perdió a su mujer en el accidente, por exhibir una camiseta con el lema 43 fallecidos + 47 heridos=0 responsables. La oposición lamentó que se intente “callar la voz de la ciudadanía”. En respuesta a la expulsión, la diputada de EUPV Marina Albiol dejó la camiseta reivindicativa sobre la tribuna de las Cortes durante su intervención.

Los populares se quejan de que la izquierda busca solo el desgaste

A primer ahora de la tarde, el también diputado de EUPV Ignacio Blanco fue el segundo expulsado de la jornada. Font de Mora le mandó fuera del hemiciclo porque Blanco pidió reiteradamente la palabra para replicar al popular César Sánchez, que en el debate sobre la adjudicaciones de la Generalitat a empresas de la familia Cotino atribuyó a la coalición de izquierdas una concejal imputada en Ibi, lo que el parlamentario pretendía aclarar que es falso.

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