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Barreiros admite ahora el destrozo urbanístico

El municipio necesita 14 millones para dar servicio a cientos de pisos vacíos

Imagen de la costa de Barreiros tomada por los servicios de urbanismo de la Xunta
Imagen de la costa de Barreiros tomada por los servicios de urbanismo de la Xunta

El municipio lucense de Barreiros vivió durante la pasada década “una actividad inmobiliaria desproporcionada” que “en algunas situaciones fue al margen del planeamiento”. Quien dice eso es el propio Ayuntamiento en los documentos que está tramitando ante la Xunta para elaborar un nuevo plan de urbanismo que solucione esa situación. Así lo admite la institución municipal, pese a que el propio alcalde, Alfonso Fuente, del PP, lleve años defendiendo sus actuaciones urbanísticas —llegó a autorizar 5.800 pisos en una localidad de 3.200 habitantes— frente a la decisión del Gobierno bipartito de la Xunta de paralizarlas en 2006.

 El pasado junio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el intento del actual Gobierno gallego de legalizar lo ya construido a través de un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación. Ese acuerdo frustrado por la justicia pretendía que las administraciones aportasen 14 millones de euros para construir los servicios de abastecimiento, alcantarillado o electricidad que en su momento no ejecutaron los promotores privados. Ante la sentencia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, instó al alcalde, pendiente de otra causa ante la Audiencia Provincial por prevaricación en la concesión de licencias, a solucionar definitivamente el problema elaborando un nuevo plan de urbanismo. Ahora, el primer documento que hace público el Ayuntamiento de ese nuevo plan, el que permite iniciar su evaluación ambiental, admite dos cosas: que en Barreiros se construyó demasiado y de forma ilegal y que para poder legalizar lo ya construido siguen siendo necesarios 14 millones, sin indicar expresamente quién debe aportarlos.

“En las parroquias del litoral, la irrupción en los últimos años de una actividad inmobiliaria desproporcionada generó una expectativa del valor del suelo igualmente desproporcionada, llegándose a multiplicar, en algún caso por más de 40, el precio del suelo urbano (300 €/m2), en relación con el precio del suelo rústico (7-8 €/m2), llevando en muchos casos al abandono de los cultivos en beneficio de la construcción”, sentencia el documento. Frente a ello, el nuevo plan de urbanismo pretende potenciar las actividades agroganaderas y sentar las bases de su modernización para fijar población en las zonas del interior.

Para solucionar los problemas de falta de servicios de lo ya construido en la costa de forma “desproporcionada” —centenares de viviendas— el documento propone la “ejecución de infraestructuras urbanas de sistemas generales (saneamiento, abastecimiento y electricidad), que permitan abastecer al incremento del parque inmobiliario, construido o en construcción hasta 2006, y que en la actualidad no está en uso, debido a la inexistencia de estas infraestructuras”. Pero añade que “la demanda de inversión que exige esta dotación de infraestructuras, supera la capacidad presupuestaria municipal”, por lo que apuesta por “un convenio entre las partes implicadas, que permita afrontar esta inversión, que, según el plan sectorial propuesto en su momento, y rechazado por el TSXG, alcanza los 14 millones de euros”, inversión sin la cual “no sería posible el uso de las viviendas construidas”. La ambigüedad sobre esa solución hace que en otro punto del documento se apunte la posibilidad de que parte de las actuaciones necesarias para arreglar lo ya construido se obtengan “por cooperación, concierto o compensación”.

El documento, encargado a una consultora externa por el Ayuntamiento y asumido y remitido por este a la Xunta el pasado 27 de julio, está a exposición pública hasta el 12 de septiembre. En él se indica que será en una siguiente fase en la que se propondrán las delimitaciones exactas de cada tipo de suelo y se propone identificar las “urbanizaciones surgidas al margen del planeamiento” para “una vez delimitadas, con criterios restrictivos” realizar “planes especiales de mejora ambiental y paisajística”. El objetivo declarado es “frenar la actividad inmobiliaria, impidiendo toda actuación de tipo expansivo”.