El sumario del ‘caso Pokémon’ cumplirá un año en secreto

De nada han servido las protestas de la mayoría de abogados defensores, que argumentan la indefensión de sus clientes al no conocer exactamente todas las acusaciones que pesan contra ellos. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, decidió ayer prorrogar un mes más el secreto del sumario del caso Pokémon, en el que están imputados los alcaldes de Lugo, Santiago y O Carballiño, así como los anteriores regidores de Ourense, de la capital gallega y de Boqueixón. Cuando se agote este nuevo plazo, en septiembre, se cumplirá un año del inicio de esta operación que trata de desenmascarar una supuesta trama para el amaño en concesiones públicas.

 Fue el 20 septiembre del año pasado cuando se procedió con una primera fase, en la que fueron detenidos, entre otros el principal imputado y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Francisco Fernández Liñares y el entonces alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, ambos socialistas. Este último se vio forzado a dimitir. Luego se dio paso a una segunda fase, denominada Operacón Manga, en la que fueron imputados los regidores de Lugo y de Santiago, así como cuatro concejales de esta última corporación.

El abogado del alcalde de Lugo, José López Orozco, ya prepara un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial para reclamar que se levante el secreto de sumario. “Esto se está dilatando excesivamente”, señaló el letrado, Gregorio Arroyo. “Sobre todo después de aquel auto de la juez en el que se hacían graves acusaciones contra el alcalde. Y no hay manera de rebatir esas acusaciones ni de defenderse de ellas”. En ese auto, del pasado mayo, la juez expresa sus sospechas de que Orozco y Liñares, que fue concejal socialista en Lugo, se repartiesen 2.000 euros mensuales en sobornos que supuestamente les haría llegar el grupo empresarial Vendex, adjudicatario de contratos municipales.

En el recurso, la defensa de Orozco incluye como argumento unas declaraciones que realizó en su toma de posesión el nuevo fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué, a finales del pasado mes, en las que planteaba la necesidad de aclerar los procedimientos judiciales para que las diligencias no se prolonguen durante varios años.