El hotel del Auditorio vigués reclama una compensación de nueve millones

A falta de dos meses para que se ejecute su desahucio por orden judicial, el hotel del Auditorio-Palacio de Congresos Mar de Vigo ha pasado a la ofensiva con una demanda de nueve millones de euros contra la concesionaria del complejo. Los responsables de Carrís Hoteles denuncian la "nefasta y negligente gestión" de los responsables del auditorio, a los que culpan de unos niveles de ocupación que no dudan en calificar de "desastrosos".

El trasfondo de la demanda por daños y perjuicios es lo que la cadena hotelera considera un quebranto de contrato. Según su director de Operaciones, Jorge Jáñez, la operadora "incumplió sus obligaciones y actuó de forma engañosa desde que las dos partes firmaron el contrato de arrendamiento", en diciembre de 2009. El hotel debería formar parte de un complejo de oficinas, área comercial y cultural, restauración y aparcamiento. "Sin embargo, la situación real de explotación de dicho complejo resultó totalmente diferente", precisa Jáñez.

Cuando en octubre el juez ejecute el desahucio, la actividad en Mar de Vigo se reducirá a la programación de Congrevigo, el operador de congresos y conciertos. Desde que Carrís Hoteles dejó de pagar las cuotas, según sus directivos para presionar a renegociar su cuantía, los únicos ingresos del adjudicatario de la concesión —una UTE integrada por Sacyr, NCG Banco y Grupo Puentes— corresponden a los abonados por Congrevigo. Los responsables del hotel acusan a la concesionaria de forzar el abandono del complejo para declarar el concurso de acreedores y solicitar una indemnización al Ayuntamiento.

Según Carrís, la adjudicataria es la responsable del exiguo funcionamiento del Auditorio desde su inauguración en 2011. Los compromisos de actividad de la infraestructura, argumenta la dirección del hotel, "fueron determinantes para prever la ocupación y el precio medio por habitación, así como para fijar la renta". Esa situación "ha generado unos daños y perjuicios evidentes" al hotel, que incluye en su demanda las ganancias que calcula que ha dejado de percibir según lo previsto cuando firmó el contrato.