El ‘pleno escoba’ no barre la corrupción

Con el escaño vacío de Alicia de Miguel, que ha sido la última baja de un Grupo Popular muy agitado toda la legislatura, y los escaños azules del Consell casi tan vacíos como es costumbre (solo Serafín Castellano y Juan Carlos Moragues asistieron por obligación a la sesión), el denominado pleno escoba, que cierra el curso parlamentario, estuvo marcado este miércoles en las Cortes Valencianas por el debate sobre la corrupción. Hasta cuatro comisiones de investigación, una solicitada por partida triple y otra por partida doble, se acumularon en el orden del día.

El PP criticó a la oposición por abusar de la fórmula. “Tienen vocación de inquisidores”, acusó Rafael Maulenda a los grupos de izquierda, tras recordar que han propuesto hasta 84 comisiones esta legislatura (solo se creó una de Emarsa cerrada en falso y otra sobre la CAM cuyo calendario se amplió este mismo miércoles para el próximo período de sesiones). El también popular Rubén Ibáñez incidió en ello y dijo, de forma un tanto confusa, que la oposición “hace de la norma excepcional una norma corriente y ordinaria”.

“Es un simple ejercicio de transparencia lo que estamos proponiendo”, clamó la socialista Vicenta Crespo al defender una investigación de la gestión de las ayudas europeas de los programas Ruralter, que han ido a parar a actividades de escasa “ruralidad” o claramente vinculadas al PP y sus alcaldes. “Ha habido irregularidades de casi imposible subsanación”, la secundó Esther López, de Esquerra Unida. “Se ha producido una utilización privativa de lo público”, insistió Josep Maria Pañella, de Compromís. Fernando Giner, del PP, les acusó de basarse en “generalidades y vaguedades, cuando no falsedades”.

Los populares acusan a la oposición de “tener vocación de inquisidores”

Mònica Oltra, de Compromís, había intentado por la mañana argumentar que merecía una investigación la detención de la cúpula de la empresa Esabe y la declaración de uno de los imputados en el sentido de que habían sobornado a “un tal Eloy” para conseguir contratos de seguridad en el hospital La Fe, cuando era director general de la Consejería de Sanidad Eloy Jiménez. Más si se tiene en cuenta que la Generalitat contrató con la empresa, inhabilitada por irregularidades, hasta 47 millones desde departamentos dirigidos por Vicente Rambla, Serafín Castellano o Rafael Blasco.

Este último protagonizó el debate más caliente. Sentado en su escaño de diputado no adscrito siguió la sesión sin darse por aludido. Más inquieto parecía el expresidente del Consell, Francisco Camps, que acudió al pleno, estuvo un rato y se marchó.

La socialista Clara Tirado y Marina Albiol, de Esquerra Unida, pidieron que se investigaran los 23 contratos por más de 32 millones de euros que Augusto César Tauroni, el único imputado del caso cooperación en prisión, firmó con las consejerías por las que fue pasando Blasco. “Sólo hemos encontrado”, dijo Tirado sobre la actitud del Grupo popular, “a 54 disciplinados secuaces del brazo político de una estructura tramada para el saqueo del dinero público”. “Igual que Tauroni no es un delincuente cualquiera, Blasco no es un simple diputado no adscrito”, apuntó Albiol, para recordar que ha sido consejero varias veces. Mireia Mollà, de Compromís, esgrimió el escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat que confirma “un modus operandi corrupto”.