El fiscal imputa a 13 empresarios y políticos por el ‘caso Gürtel’ en Boadilla

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, que tome declaración como imputados a 13 políticos y a empresarios relacionados presuntamente con las adjudicaciones de obras y servicios en Boadilla del Monte. El ministerio fiscal sospecha que los acusados han cometido presuntos delitos contra la Administración pública —cohecho, prevaricación, malversación y fraude—, además de delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales. Entre los imputados se encuentra el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, del PP, al que el fiscal acusa de haber desviado los fondos obtenidos ilegalmente a Suiza, Panamá, Miami, Madeira [Portugal] y Marruecos.

El fiscal, en su relato al juzgado, describe el modus operandi de la trama. “Al menos desde 2000 y hasta febrero de 2009, desde el entorno de Francisco Correa Sánchez se habrían entregado dádivas en forma de regalos —como viajes y artículos de joyería— o efectivo a funcionarios y autoridades [municipales] con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública para obtener adjudicaciones bien para sus empresas, bien para empresas de terceros”. Así, los cargos acusados están vinculados al Ayuntamiento de Boadilla o a su empresa de suelo y vivienda. El ministerio fiscal apunta directamente contra el exalcalde Arturo González Panero; el exdiputado Alfonso Bosch Tejedor; el exvicepresidente de la empresa de suelo, César Tomás Martín Morales, y el exconcejal José Galeote Rodríguez, así como contra el también exalcalde de Boadilla Juan Siguero Aguilar, que “habría cooperado en la adjudicación irregular de determinados contratos”.

Según el fiscal, las sociedades de Correa (Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimetrico y Servimadrid) obtuvieron “numerosos contratos en cuya adjudicación se habría vulnerado la normativa de contratación pública”. ¿Y cómo lo hacían? Mediante una adjudicación directa, “incluso con posterioridad a la prestación del servicio”, participando en la elaboración de los pliegos o fraccionando por debajo de los 12.020,34 euros los contratos para poder adjudicarlos directamente sin concurso.

Pero también, según el fiscal, hubo empresas de terceros que se beneficiaron de las adjudicaciones “a cambio de comisiones abonadas” a los cargos públicos. Entre ellas, destacan Constructora Hispánica, Eoc de Obras y Servicios, Teconsa, Sufi y UFC.

De esta manera, según los acusadores públicos, obtuvieron la ejecución del Parque del Deporte y la Salud, la remodelación de la calle de José Antonio, la glorieta de la calle de Bárbara de Braganza y la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio. Teconsa, que habría pagado comisiones por valor de 1,8 millones de euros, obtuvo gracias a la red las obras de piscina municipal cubierta de Las Eras, la redacción y edificación de 98 viviendas de protección pública, la ejecución de las obras de dos colegios, la edificación de 80 viviendas, 80 trasteros y 160 plazas de garaje en el sector S.4, y otros 57 pisos, 57 trasteros y 97 plazas de garaje en la avenida de Julio Fuertes.

Sufi, por su parte, obtuvo la recogida de residuos urbanos, de los que abonó 98.369,42 euros a la sociedad Special Events, que “se habrían destinado a sufragar los gastos personales de Arturo González Panero”. Igualmente, la trama se quedó con los derechos de superficie de tres parcelas del Residencial XXI. Estos terrenos eran en realidad propiedad de los implicados, que crearon sociedades interpuestas para ocultarlo. La fiscalía sostiene que Correa pagaba a González Panero sus servicios mediante regalos y dinero con facturas “cuyo destinatario real era” el exregidor.

Los regalos y entregas en efectivo ascendieron, en el caso de González Panero, a 600.000 euros; a César Tomás Martín y a Alfonso Bosch les correspondieron 250.000, y a Jesús Galeote Rodríguez, 500.000 euros. Según la fiscalía, estos pagos “no habrían sido declarados en sus correspondientes declaraciones tributarias”.

“Más aún”, escribe el ministerio fiscal, Galeote y González Panero invirtieron “parte de estos fondos”, junto a otros imputados, “ocultándose tras una \[sociedad\] mercantil, que les habría puesto a disposición Francisco Correa, en Madeira. Se trata de la sociedad llamada Freetown Comercio e Serviços. “Esta inversión se habría transferido posteriormente a la cuenta del HSBC de Ginebra a nombre también de otra sociedad, esta vez panameña, Itelsa Development Group Corp”.

Hoy Panero declarará ante Ruz. En los próximos días lo harán César Tomás Martín, Alfonso Bosch, José Galeote y los empresarios Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Gonzalo Naranjo, Rafael Naranjo, Ramón Blanco, Rodolfo Ruiz y Luis de Miguel. José Martínez está a la espera de un informe forense.