Un juez investiga una red que cobró por acelerar gestiones en Tráfico

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha abierto diligencias para tratar de aclarar las denuncias contra un trabajador de la Jefatura Provincial de Tráfico que, según esta investigación, podría haber cobrado irregularmente a particulares para agilizar expedientes y reducir tiempo de espera en la tramitación de documentos. La Policía Judicial sospecha que contó con la colaboración de varios compañeros de oficina y también de varios agentes de la Guardia Civil que ejercieron de intermediarios en esta tarea. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.

La investigación, adelantada este martes por el periódico La Voz de Cádiz, fue confirmada por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre. “Se han abierto diligencias para aclarar qué es lo que ha ocurrido y se han llamado a declarar a varias personas en calidad de imputados y testigos”, se limitó a decir. El subdelegado no quiso precisar más detalles para no interferir en el curso de las pesquisas.

Las pesquisas apuntan a que hay irregularidades desde hace años

El juzgado investiga varios delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental y se centra en las oficinas de la Jefatura Provincial de Tráfico, donde está empleado el supuesto cabecilla de esta trama, encargada de cobrar dinero a aquellos particulares que deseaban acceder a documentación de forma más ágil o resolver sus expedientes antes de lo habitual. Gracias a ello obtenía un sobresueldo. Para este trabajo necesitaba de la colaboración de compañeros y de agentes de la Guardia Civil, alguno en activo y otros jubilados, que le facilitaban los potenciales clientes, primordialmente de la sierra de Cádiz. La investigación se centra en, al menos, nueve trabajadores de la Jefatura Provincial de Tráfico, varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico, uno de ellos en activo, y responsables de gestorías de la provincia, quienes podrían haber colaborado entregando documentación para ser resuelta.

El subdelegado del Gobierno aclaró que no se tomará ninguna medida contra ningún trabajador hasta que no se avance en la instrucción de este caso. La Policía judicial sospecha que las prácticas irregulares investigadas vienen realizándose en estas oficinas desde hace años.

Por otra parte, el Cuerpo Nacional de Policía ha puesto freno a un incremento “desmesurado” en Cádiz el número de inscripciones de parejas de hecho entre extranjeros y españoles. Según sus datos, el 80% de los enlaces investigados ha resultado un fraude con el único objetivo de obtener la nacionalidad española. Los agentes de extranjería creen que han optado por esta vía “debido a la facilidad con la que estas parejas pueden registrarse”, ya que los únicos requisitos que se exigen es una declaración de voluntad y la comparecencia ante el Registro Civil o el Ayuntamiento. Las sanciones a las que se enfrentan van de 501 a 10.000 euros. La simulación de un estado civil se considera una infracción administrativa grave.