La juez Alaya impone 333 millones de fianza civil a la cúpula de Vitalia

La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza civil de 333 millones a los tres empresarios de la consultora Vitalia, principal beneficiada por el fondo de los ERE fraudulentos. La cifra de 111 millones para cada directivo busca asegurar una compensación por el daño causado a las arcas públicas de la Junta, al margen de la prisión preventiva, que afecta a dos de ellos, Eduardo Pascual y María Vaqué. El tercer directivo, Antonio Albarracín, fue encarcelado en la Operación Heracles del pasado marzo, pero la semana pasada salió en libertad tras abonar una fianza de 600.000 euros.

 La juez acusa a Pascual y Vaqué, imputados también en el caso Eurobank instruido en la Audiencia Nacional, de “orquestar una operación” basada en “el negocio” de la intermediación de pólizas en los ERE subvencionados por el Ejecutivo autónomo. Durante 10 años percibieron 21 millones en “sobrecomisiones millonarias financiadas ilícitamente”, gracias a la turbia gestión y generosidad del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Los empresarios están acusados de cohecho y asociación ilícita, entre otros cargos, por sostener un sistema de comisiones que revertía a través de sobornos hacia altos cargos de la Administración andaluza.

Ayer las partes del caso recibieron nuevos tomos del sumario con varios autos de la juez en los que detalla el lucro de empresarios, sindicalistas e intermediarios. La Fiscalía Anticorrupción había pedido una fianza civil de 258 millones para cada directivo de Vitalia, una caución que ahora Alaya ha rebajado a menos de la mitad. La magistrada también ha impuesto fianzas a otros seis imputados hasta alcanzar un total de 410 millones.

Entre ellos destaca el intermediario Juan Lanzas, que trabajaba a las órdenes de Vitalia y el bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís y percibió comisiones millonarias hasta amasar una ingente fortuna de 13 millones, según la juez. Esta le ha impuesto 38 millones por responsabilidad civil y le ha embargado 11 propiedades. El exsindicalista recibió “suculentos honorarios” por su labor comercial para Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís a través de pólizas ilegales, comisiones pagadas en metálico y un entramado de empresas pantalla para los que utilizó a tres testaferros. Con el conseguidor colaboraron su mujer Patrocinio Sierra y su cuñado Ismael Sierra, cuyas fianzas civiles ascienden a 14 y 1,9 millones.

En la pirámide de Vitalia, tras Albarracín figuran el delegado en Andalucía Jesús Bordallo, al que la juez ha impuesto 15 millones de fianza civil, y la empleada de Vitalia Roser Massa y la esposa de Albarracín, María José Marcos, para las que la instructora ha impuesto cinco millones y 400.000 euros. Alaya ha calculado la cifra de las finazas civiles gracias a los 38 ERE que intermedió la consultora, cuyo coste ascendió a 217 millones pagados por la Junta.

Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, sucesor de Juan Márquez y Guerrero. Los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia estima que existen indicios de que “continuó con las prácticas irregulares” de sus antecesores. Rivera está acusado de malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.

El ex alto cargo actuó bajo las órdenes del exconsejero y diputado Manuel Recio, y tras su imputación recurrió los argumentos de Alaya para acusarle. “Existen indicios de la posible comisión de hechos delictivos”, concluyen los jueces de la Audiencia. Tras estudiar los argumentos expuestos por Alaya en su imputación y el recurso del ex director general, los jueces consideran que los hechos son “reveladores, cuando menos, de una posible prevaricación acompañada de malversación en la tramitación y ejecución de ayudas sociolaborales a empresas”.

El auto de la Audiencia recuerda que Rivera tramitó y ejecutó ayudas sociolaborales en las que se incluyeron intrusos, personas prejubiladas ajenas a las empresas beneficiadas.

Para la empresa Surcolor, Rivera aprobó una resolución con el pago de 167.528 euros para “26 supuestos antiguos trabajadores de la empresa”, pese a que el expediente carecía “de todo procedimiento, sin trámite alguna y de que solo eran 24 los trabajadores despedidos”. “Evidentemente, por lo que de continuidad con la forma de irregular actuación de predecesores en el cargo —Guerrero y Márquez— supone, aquella conducta era y es plenamente merecedora de su esclarecimiento”, concluye la Audiencia.

El PP vuelve a señalar al PSOE y a Griñán

El PP aprovechó otra vez para convertir el caso judicial en un ariete político. El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, se centró ayer en el caso EREdurante su intervención en la Escuela de Verano del PP en Cádiz, para reiterar sus dos acusaciones más comunes: "Griñán \[el presidente de la Junta y secretario general del PSOE\] y los ERE son dos caras de la misma moneda" y "los andaluces tienen urgencia en saber si alguno de esos comisionistas o golfos ha reportado algo al PSOE de Andalucía", en referencia a los implicados en los fraudes con las ayudas de la Junta a trabajadores y empresas en crisis.

Sanz se recreó en reiterar el nombre de Griñán, vincularlo al reparto de dinero de los ERE fraudulentos y si éste “terminaban en la sede del PSOE”. Se refería así a la entrevista de la SER con el testaferro Juan Francisco Algarín en la que este aseguraba que llevaba dirigentes a conocidos políticos sin identificarlos.

Sanz afirmó que cada día ve más claro que la comisión parlamentaria de investigación del caso de los ERE fraudulentos “fue un paripé” del PSOE que, con la ayuda de IU, tenía como “única estrategia apartar de la trama al presidente de la Junta de Andalucía”.

“Los imputados en el caso van a acabar tirando de la manta, debajo de la que están muchos socialistas, un expresidente y un presidente”, añadió Sanz para asegurar que “el futuro de Griñan está íntimamente ligado al desenlace de los ERE” y por eso “gobierna con miedo”.

“Todo apunta a que el presidente de la Junta era el gran señor que organizaba toda la trama de los ERE”, concluyó.

La presidenta del PSOE, Amparo Rubiales, no replicó a las acusaciones y reiteró que el partido desea que la instrucción del caso se cierre “lo más rápidamente posible”.

También volvió a referirse al caso el secretario general de UGT, Francisco Fernández Sevilla, cuyo sindicato también está señalado en la instrucción. Fernández reiteró que su organización ha actuado correctamente en la tramitación de diversos expediente de regulación de empleo y se mostró dispuesto a facilitar las documentación que se requiera. “Al sindicato andaluz aún no ha llegado ninguna petición” de documentación, aclaró el dirigente de UGT.