El Consell prevé una paga extra en enero en lugar de la de diciembre

“Adelanto del abono de las pagas extraordinarias a los meses de enero y julio”. Bajo el epígrafe “modificaciones significativas en gastos de personal adicionales a la normativa básica del Estado”, esta medida figura en el documento de actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2013-2016, que el Gobierno de España ha presentado ante las instituciones de la Unión Europea. Solo Extremadura presenta una medida similar. En esa comunidad, como ocurrió en Navarra y el País Vasco, se buscó la fórmula para sortear la supresión de la paga extra de Navidad decretada por Rajoy en 2012, de manera que, en realidad, los funcionarios pudieran cobrar un mes más tarde.

Dado que, en cambio, en la Comunidad Valenciana este año no se ha producido, el traslado de la paga de junio a enero del año que viene, a simple vista, solo tendría un efecto: que por segundo año consecutivo las cuentas de la Generalitat prescindan de los 215 millones de euros que ya en 2012 recortó con la supresión de esa extra a los empleados públicos. El pago de diciembre pasaría a la anualidad siguiente, 2014 y, a efectos contables, quedarían los años 2012 y 2013 con una sola paga extraordinaria a los funcionarios, aunque en realidad no se les suprimiría otra vez. Este periódico intentó este lunes sin éxito que la Consejería de Hacienda y Administración Pública aclarara el sentido de la medida incluida en el documento del Gobierno.

El documento añade otra medida de la Comunidad Valenciana: “Las aportaciones a cualquier sistema de previsión social que incluya la cobertura de la contingencia de jubilación para el personal al servicio de la Comunidad, se reducirán en un 50%, respecto a las aplicadas hasta el 1 de junio de 2010”. Parece que el objetivo consiste en el recorte de las aportaciones a los fondos de pensiones de los empleados públicos. “Existe margen de reducción de gasto en las comunidades autónomas, tanto en servicios fundamentales, que algunas comunidades prestan en mejores condiciones de eficiencia, como en los no fundamentales”, señala el documento enviado a Bruselas por el Gobierno de España. El texto alude además a “medidas referidas a gastos de personal adicionales a las incluidas en el plan bienal”.

La Generalitat prevé recortar las aportaciones a fondos de jubilación

El diputado de Esquerra Unida del País Valencià Ignacio Blanco explicó a este diario que pedirá que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, aclare el sentido de lo que recoge la ampliación del Programa de Estabilidad. “Para empezar, es preocupante que tengamos que enterarnos a través de un documento que se envía a la UE de algo que afecta a más de 100.000 trabajadores al servicio de la Generalitat, en lugar de plantearlo en las Cortes Valencianas o en las mesas de negociación de la Función Pública”, comentó el diputado.

“No queda muy clara la intención”, añadió Blanco, que especuló con la posibilidad de que se trate de un “artificio contable” de cara a facilitar el cumplimiento de los límites de déficit público. “Lo harían sin suprimir de nuevo la paga, pero por segundo año consecutivo mermarían las retribuciones anuales para los empleados públicos”, señaló Blanco, que recordó que “los trabajadores del sector público han estado pagando todos los recortes”.

El documento de ampliación del Programa de Estabilidad atribuye a la Comunidad Valenciana otra medida adicional a la normativa básica del Estado, referida a las retribuciones de altos cargos: “La cuantía máxima anual que perciba el personal directivo de los entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público no puede exceder de las retribuciones que corresponden a un consejero del Gobierno”.