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Castedo entierra el plan Rabassa y trata de rescatar Ikea para Alicante

El TSJ anula el proyecto urbanístico por poca publicidad y falta de datos sobre la solvencia de Ortiz

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el pleno celebrado este jueves.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el pleno celebrado este jueves.

El polémico plan Rabassa ya es historia. Los tribunales han anulado el principal proyecto urbanístico de Alicante, cuyo promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, preveía construir más de 13.000 viviendas y un área comercial para la implantación de Ikea.

 El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha anulado la homologación del plan parcial de Las Lagunas de Rabassa, aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, y deja sin efecto el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Alicante por el que se adjudicó el plan a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, propiedad de Ortiz.

Con estas sentencias el marcador se pone a cero, y el proceso vuelve a su origen. Pese a ello, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, intenta minimizar la resolución judicial y aseguró que las sentencias hacían referencia a una “cuestión formal”.

La regidora admite que no piensa recurrir al Tribunal Supremo el fallo, y que su prioridad es salvar Ikea al entender que la decisión del TSJ no afecta a la implantación de Ikea. La regidora, tras el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento este jueves, aseguró que está dispuesta a trabajar para que la instalación de la multinacional sueca en Alicante “sea lo antes posible”, e incluso pretende buscar otros emplazamientos. Fuentes de la multinacional escandinava confirmaron que “mantienen su apuesta” por Rabassa al considerar “ideales” estos terrenos, que están bien conectados con la autovía hacia Valencia y Murcia.

Más recursos judiciales

La sentencia que anula el plan Rabassa no será la única. Este proyecto fue recurrido por la vía contencioso administrativo ante los tribunales por Esquerra Unida, PSPV, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, y sendos recursos de particulares afectados. En total cinco recursos de los que solo se han pronunciado sobre dos de ellos. Algunos abogados personados admiten que estas sentencian posibilitan la vía penal, ya que el fallo estima que se hizo “un traje a medida” para el promotor Enrique Ortiz.

En paralelo, la Audiencia de Alicante reactivó la semana pasada el proceso penal a raíz de una nueva denuncia de Esquerra Unida, y “nuevos datos que abundan en presuntas irregularidades que pudieran tener trascendencia penal (tráfico de influencias, cohecho, prevaricación...)”.

Y mientras, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, admitió cierta “preocupación” por la paralización de la instalación de Ikea en Alicante y admitió que los servicios jurídicos de la Generalitat valorarán si presentan o no un recurso ante el Supremo.

Ante este panorama, según varias fuentes consultadas, la única vía es modificar el plan, dejando fuera las 13.500 viviendas previstas, que además tendrían serias dificultades para venderse en el mercado, y autorizar solo el área comercial. La alcaldesa asegura que “Ikea tiene interés en estar en Alicante y nosotros también, dejen que trabajemos a marchas forzadas para tomar la mejor decisión”.

A raíz de sendos recursos presentados por propietarios particulares de los terrenos afectados, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJCV considera en la sentencia que “no se han cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia” en la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en cuanto a la adjudicación del plan. En concreto, aduce que hubo “falta de publicidad del instrumento de adjudicación” y no se produjo “una acreditación de solvencia económica, técnica, financiera y profesional de la sociedad que resulta adjudicataria”, Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL.

Los magistrados esgrimen la doctrina del Tribunal Supremo en materia de recursos hídricos al recordar que el informe de la Confederación Hidrográfica para nuevos desarrollos urbanísticos es “preceptivo” y “vinculante”. Y aclara esta cuestión al añadir que dicho informe no puede ser sustituido por el de “entidades colaboradoras”, pues la adjudicataria acudió a la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) y a AMEM. El TSJCV considera que los informes emitidos por estas dos entidades no pueden ser tomados como válidos.

La mercantil impulsora del recurso sostiene que en el plan hay “un injustificado interés general” y “una reparcelación encubierta” que “sólo se persigue el enriquecimiento” y beneficio del urbanizador. Dos de los magistrados que ha optado por emitir un voto particular entiende que sí hubo publicidad como demuestra que otras empresas concurrieron a la urbanización y otra magistrada entiende que no era necesario demostrar la solvencia del promotor.

Y en cuanto a las reacciones políticas, el portavoz de EU en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Pavón, considera que el plan está “herido de muerte”. El portavoz socialista Miguel Ull insta a Castedo a “buscar otro sitio adecuado para ubicar Ikea” y desde UPyD cuestionan que todos los proyectos estén vinculados al mismo empresario, Enrique Ortiz.