Las instalaciones del Club de Campo llevan años funcionando sin licencia

El Club de Campo Villa de Madrid presume de tener un “moderno complejo deportivo, ejemplo de versatilidad”, del que destaca “su comodidad y funcionalidad”. Allí se celebran desde campeonatos de esgrima o hockey hasta cenas y reuniones de empresa. Pero ese pabellón multiuso carece de licencia urbanística de funcionamiento. Y el Ayuntamiento de Madrid, propietario mayoritario del club, es consciente. Pese a ello, lleva años funcionando sin permiso.

No es el único caso. El Club de Campo dispone además de un pabellón-gimnasio y de una piscina olímpica cubierta. Ambas instalaciones llevan años funcionando. Y también carecen de licencia.

El Ayuntamiento aduce que, una vez concluidas las obras, se encontró con que el seguro contratado por el club tenía franquicia. Como la normativa municipal obliga a tener un seguro a todo riesgo, se esperó a que expirara para iniciar los trámites.

El seguro expiró el 31 de diciembre de 2012. Entonces, con Ana Botella (PP) recién llegada a la Alcaldía, se licitó y adjudicó un seguro reglamentario, y se inició el procedimiento para otorgar al club las licencias de primera ocupación y funcionamiento preceptivas, regularizando así su situación. Aún no las tiene.

Durante esos años sin licencia, con el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como alcalde, el Ayuntamiento no instó la clausura temporal de las instalaciones, sino que permitió que funcionaran con normalidad.

Dinero público, uso privado. El Club de Campo, una institución elitista fundada a principios de siglo, pasó a manos del Ayuntamiento de Madrid en 1984. Posee el 51% de su capital; el resto se lo dividen, a partes iguales, Patrimonio del Estado y la Real Sociedad Hípica. Ubicado junto a la Casa de Campo, tiene 22.000 socios y una lista de espera de décadas.

Pese a que es completamente público, los socios pagan 2.000 euros de cuota de suscripción y 700 euros de abono al año. A cambio, pueden usar sus equipamientos a un precio simbólico, mientras que al resto de madrileños la entrada les cuesta 40 euros, y usar la piscina, por ejemplo, otros 36.

El club se mantiene con ingresos propios, pero es el Ayuntamiento el que ha costeado la construcción y modernización de sus instalaciones. En 2012 tenía presupuestado recibir un millón de euros. En 2011 obtuvo 3,4 millones. En 2010 fueron 3,6 millones. Entre 2004 y 2009, recibió 6,3 millones para construir, entre otros equipamientos, la citada piscina cubierta y el gimnasio.

Un pabellón “irregular”. El modo en el que se construyó el pabellón-gimnasio fue denunciado por un particular ante la Fiscalía de Madrid, que lo consideró “irregular” pero dictó que no existía un delito de malversación. El fiscal consideró probado que el Club de Campo recibió una subvención en 2007 para construir una sala de esgrima que sirviera para torneos internacionales.

Sin embargo, el club construyó un edificio cuyas dimensiones y ausencia de gradas impedía que fuera usada para es propósito. De hecho, esa supuesta sala de esgrima mutó en gimnasio, y al año siguiente recibió otros 500.000 euros para material deportivo.

El fiscal considera que no hubo malversación de dinero público porque el fin último de la instalación sigue siendo deportivo. Sin embargo, en vez de una sala de esgrima para atraer a Madrid torneos internacionales, el dinero público se usó desde el principio para construir un gimnasio, “una actividad demandada por los socios” del club, según el fiscal.

Obras sin licencia. Además de tener instalaciones que funcionan sin licencia, el Club de Campo también pudo haber realizado obras sin permiso. Sin embargo, los expedientes abiertos en su contra han caducado sin que el área municipal de Urbanismo emitiera una resolución. Es decir, las presuntas irregularidades prescribieron antes de que el propio Ayuntamiento tomara medidas. El pasado 13 de marzo, se archivó por este motivo el expediente abierto por las obras en una pista de tiro, una terraza y una carpa dedicadas a usos hosteleros, y un área de doma ecuestre.

El tiempo transcurrido sin resolución fue de cuatro años. Las presuntas irregularidades prescribieron, y así fueron archivadas.