La autovía de Costa da Morte está al 20% seis años después de licitarse

Cuando la Xunta del bipartito sacó a concurso por primera vez, en julio de 2007, la construcción de una vía de alta capacidad entre Carballo y la Costa da Morte comprometió su apertura para el año 2010. Tras la quiebra de aquel proyecto, dos nuevas licitaciones, una denuncia judicial y la destitución de una directora general, el actual Gobierno, que la había vuelto a comprometer para este próximo verano, no se atreve ahora a poner más plazo que “la actual legislatura”, que termina a finales de 2017.

Según reconoce el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, casi dos años después de su última adjudicación la constructora “a día de hoy no tiene cerrada la operación para financiar las obras”, cuyo grado de ejecución no alcanza ni el 20%. El conselleiro admitió el retraso del proyecto hace un par de semanas, en una comparecencia ante el Parlamento de Galicia en la que decía aportar datos actualizados. De ser ciertos, poco habrían avanzado las obras con respecto a algo más de un mes antes, ya que el 4 de febrero la Xunta contestaba por escrito a la Cámara detallando que el grado de ejecución global del primer tramo, entre Carballo y Baio, de 24 kilómetros, era del 17%, y del 19% en el segundo, de 16 kilómetros, entre Baio y Berdoias, que ahora ya no es “prioritario”. Entonces los movimientos de tierras ni siquiera habían alcanzado el 50% del total.

Las primera paladas para construir esta infraestructura comenzaron a darse a principios de 2009, pero pararon al poco tiempo cuando la primera empresa adjudicataria reclamó al bipartito un 30% más de lo que se había comprometido a cobrar por su construcción y mantenimiento durante 30 años, unos 584 millones (la obra en sí son 200 millones, el resto corresponde a pagos posteriores de la Xunta por el mantenimiento y costes financieros). Con el cambio de gobierno el actual ejecutivo rescindió aquel contrato y licitó nuevamente los trabajos de la carretera, ahora con un periodo concesional de 25 años y ya como autovía de cuatro carriles desde un primer momento. La oferta mejor valorada en ese segundo proceso resultó ser la más cara, de 979 millones, lo que provocó que el PSOE denunciase un sobrecoste de 400 millones. El escándalo se saldó con una denuncia judicial luego retirada de otra de las empresas candidatas, la destitución de la entonces directora general de Infraestruturas y la convocatoria de un tercer concurso, ganado finalmente en mayo de 2011 por una unión de empresas liderada por Copasa con una oferta de 745 millones.

El modelo concesional gratuito para el usuario (peaje en sombra), elegido ya por el bipartito, en plena bonanza económica, obliga a la constructora a encontrar por su cuenta la financiación inicial para las obras, los citados 200 millones. Pero en la situación actual ningún banco parece estar en condiciones de adelantar tal cantidad. La Xunta dice comprender esas dificultades y recuerda que la propia concesionaria es la principal interesada en poner en servicio cuanto antes la vía, ya que solo cuando comiencen a circular los coches por ella empezará a recibir los pagos anuales de la Administración: 25,8 millones el primer año que en 2035, cuando finalice la concesión, ascenderán a 43 millones.

La paradoja es que, en plena oleada de recortes, a la Administración gallega no le viene tan mal que se retrase la obra y por lo tanto sus pagos. Si la autovía se abriese este año, algo ya materialmente imposible, el incremento del gasto público que supondría comenzar a pagar ya los 25,8 millones de euros anuales elevaría el déficit autonómico del 0,69% previsto por la Xunta para este año 2013 al 0,74%, incumpliendo así el límite del 0,7% impuesto por el Estado. O se asumía esa situación, o habría que aumentar los recortes en otras partidas hasta cubrir esos mismos 25,8 millones que habría que pagar a la concesionaria.