El juez detecta desfases en facturas del Ayuntamiento de Ourense

La investigación judicial sobre presuntos pagos irregulares del Ayuntamiento de Ourense a la empresa que gestionó el servicio municipal de ayuda a domicilio hasta 2011, ha derivado en un cruce de acusaciones entre Marga Martín, teniente de alcalde y edil de Bienestar Social, y las funcionarias de su concejalía. Los técnicos municipales “honorables e inocentes” que “refrendaron” los pagos, según explicó la concejala socialista cuando fue imputada, señalan ahora a Martín con el dedo. Y ella les devuelve la pelota.

El pasado viernes, la exjefa del servicio y una técnico de administración revelaron ante el juez instructor la existencia de facturas “que no eran reales” repletas de “desfases” contables. Las funcionarias aseguraron que la edil daba las órdenes de pago pese a ser “advertida· expresamente de las irregularidades. La técnico incluso no reconoció como suya la letra estampada junto a su firma en una de las facturas. Los investigadores tienen pruebas de un desfase de 25.000 euros en julio de 2010. En septiembre de ese mismo año el desfase alcanzó los 40.000 euros. Los desajustes contables salpican meses de diferentes ejercicios. Las sospechas surgieron tras el pago de dos facturas extraordinarias de 2008 sin justificantes. Democracia Ourensana (DO), en la oposición municipal, denunció y ahora se han recopilado pruebas de irregularidades en facturas durante cuatro años. Ante el elevado volumen de pagos bajo sospecha, el juez ha encargado a la policía nacional un informe que cuantifique la cifra exacta. Fuentes de la investigación apuntan a que podría superar el millón de euros.

La edil, que se declara “encantada” de estar imputada para explicarse, desdijo ayer a las funcionarias. En su declaración explicó que la técnico “validaba” las facturas y la jefa de servicio “controlaba” los conceptos. Ella solo las firmó “porque las técnicos las controlaban”. Martín negó haber recibido dobles facturas en sobres, tal y como afirmó el empresario en un correo electrónico revelado por EL PAÍS. También negó la existencia de dinero “sobrante” en 2008, según explicó ese mismo empresario en otro correo en el que descubría una “reunión para establecer la estrategia a seguir en relación con la parte del presupuesto no utilizado”. Interpelada por este periódico, la edil no quiso aclarar si esa reunión llegó a producirse.

Las horas abonadas por desplazamientos centran las sospechas. En la documentación en poder del juez se reflejan pagos de hasta tres horas y media dentro de los límites de la ciudad de Ourense. Las cuentas aceptadas por el Ayuntamiento destapan que algunas empleadas estaban más tiempo desplazándose que atendiendo a dependientes. Martín descargó toda responsabilidad en la jefa de servicio y justificó estos pagos “porque hay sitios distantes”. Además cargó contra la técnico municipal porque no le dijo que “no cabía pagar el desplazamiento”.

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustia de Galicia tumbó la adjudicación a la empresa “por falta de motivación” en noviembre de 2010. El gobierno local ocultó esa sentencia y rescindió el contrato de mutuo acuerdo. Martín desligó ayer esa disolución del contrato del fallo judicial y explicó que tomó la decisión porque la empresa (a la que siguió pagando sin contrato y con reparos del interventor) “empezó a decir que no le resultaba rentable” el servicio tal y como estaba planteado.

El juez pidió a la concejala que dejase de lado los “discursos políticos” y se centrase en explicar su gestión. Además, la teniente de alcalde se negó a responder cuando el magistrado preguntó por contradicciones en sus declaraciones o por un informe elaborado en la concejalía para “favorecer” a la adjudicataria en el sistema de facturación, que coincide con una propuesta enviada previamente por la empresa. Por ahora, la edil mantiene su condición de imputada. La instrucción continuará las próximas semanas con la toma de declaraciones a funcionarios y empresarios.