Griñán comparecerá de urgencia en el Parlamento por el caso de los ERE

No habrá objeción de ningún grupo parlamentario para cambiar el orden del día del pleno del Parlamento andaluz previsto para la próxima semana, por lo que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comparecerá el próximo miércoles a petición propia y por motivos de urgencia sobre el caso del fraude de los ERE.

El Consejo de Gobierno registró el pasado lunes la petición de comparecencia del jefe del Ejecutivo, aunque los temas de debate de la sesión plenaria del miércoles y jueves próximo ya estaban fijados. El Reglamento de la Cámara contempla que en el orden el día se puedan incluir otras cuestiones “por razones de urgencia”, bien a petición del Gobierno o de un grupo parlamentario. En este caso, ha sido a instancias del Ejecutivo.

El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, ha convocado a la junta de portavoces a la una de la tarde del próximo miércoles, tres horas y media antes de que comience el pleno, para aprobar la comparecencia de Griñán, que apoyarán los tres grupos de la Cámara, popular, socialista y de Izquierda Unida. Para modificar el orden del pleno no es necesaria la unanimidad.

Lo normal es que la intervención de Griñán se produzca el mismo miércoles, tras el debate de tres proyectos de ley. Ese día también está prevista las comparecencias de las consejeras de Hacienda y Fomento.

Griñán decidió el pasado lunes pasar a la ofensiva parlamentaria y política, después de que el líder de la oposición, el popular Juan Ignacio Zoido, hubiera reclamado su presencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de decisiones que tomó como ministro de Trabajo hace 17 años.

El propio grupo popular del Congreso ha descartado citar al presidente de la Junta y los socialistas mantienen que esta petición es un disparate tanto político como jurídico. No obstante, Griñan ha dicho que está dispuesto a ir a la Cámara Baja si así se acuerda, pero para que “no quepa duda” de su disponibilidad de “dar todas las explicaciones necesarias”, según dijo el pasado lunes, ha pedido comparecer en el Parlamento de Andalucía donde esa decisión es totalmente factible y solo depende de su propia voluntad.

El resurgir político del caso de los ERE se produce a raíz de las decisiones de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, siguiendo la línea de investigación abierta por la Guardia Civil sobre la maraña de comisionistas que se aprovecharon de los fondos públicos de las ayudas a los ERE. Esta actuación ha supuesto la detención de 22 personas, de las cuales ocho han pasado a disposición judicial y cuatro de ellas están en prisión como consecuencia de la llamada Operación Heracles.

Los socialistas quieren demostrar que, al contrario que sus adversarios populares —que se han negado a todas las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Bárcenas—, ellos actúan de manera diferente ante los casos de corrupción. De ahí, afirman, que Griñán haya pedido comparecer en la Cámara para “poder contrastar datos”. El socialista ha contestado en el Parlamento sobre los ERE en 12 ocasiones y también acudió a la comisión de investigación sobre este caso que se cerró sin establecer responsabilidades políticas.

A raíz de las últimas actuaciones judiciales, el PP ha insistido en tres líneas argumentales. Una de ellas es la del ataque directo contra el presidente de la Junta por su actuación como consejero de Economía y Hacienda, por aprobar modificaciones presupuestarias de la partida 31L de donde se nutrían las ayudas, unas ampliaciones que contaron con los preceptivos informes de la Intervención. “Griñan es el cajero de los ERE”, ha señalado Zoido.

Otra de las vías de ataque va dirigida contra Izquierda Unida, coaligado del PSOE en el Gobierno andaluz, a la que los populares acusan de “tapar lo que siempre ha denunciado”.

La tercera línea es sembrar la sospecha de que el PSOE de Andalucía o algunas de sus agrupaciones provinciales se financiaron de manera ilegal a través del fondo de los ERE, aunque nada hay en el caso, por el momento, que apunte en esa dirección.

En el ámbito judical, la defensa del exdirectivo del grupo Eurobank, Eduardo Pascual, considera que la juez Mercedes Alaya se extralimitó al detenerle 78 horas y 30 minutos la semana pasada en la Operación Heracles. Por ello el empresario ha pedido la nulidad de su ingreso en prisión, decretado por la magistrada después de su declaración el sábado por la mañana. Para entonces, Pascual ya llevaba más de tres días detenido, puesto que su arresto se produjo el miércoles 20 de marzo a las 9.15 y su ingreso en prisión fue a las 15.45 del sábado, por lo que excedió las 72 que estipula la ley, informa Efe.

El letrado de Pascual sostiene que la nulidad del auto “aboca inexorablemente a su puesta en libertad”, ya que las detenciones fueron ordenadas por la juez Alaya y no por la Guardia Civil. “La magnitud del impulso investigador y la coordinación requerida evidencia el dominio y control de la autoridad judicial”, expuso el abogado. Mientras, el supuesto testaferro detenido Eduardo Leal no ha podido reunir los 50.000 euros de fianza y ha recurrido su ingreso en prisión ante la Audiencia de Sevilla.