Una trama de empresas logra obras de Fomento con concursos simulados
El ministerio investiga la adjudicación de contratos en la Demarcación de Carreteras de Ourense
La adjudicación de contratos en la Demarcación de Carreteras de Ourense ha sido durante los últimos años un coto cerrado donde varios conglomerados empresariales se han venido repartiendo las obras del Ministerio de Fomento. Según la documentación que obra en poder de este diario, una decena de sociedades con los mismos accionistas y cargos directivos han simulado concursos para acceder a las adjudicaciones y obtenido encargos por cientos de miles de euros desde 2009. Todos llevan la firma del jefe de demarcación de carreteras en esta provincia, Adolfo Güell Cancela.
El ministerio que preside Ana Pastor abrió la semana pasada una “actuación extraordinaria de inspección” y ya ha empezado a recabar expedientes de obras tanto en A Coruña, donde se centraliza la documentación de Galicia, como en Ourense. Las pesquisas del Gobierno tratan de detectar prácticas irregulares como el fraccionamiento de contratos para evitar concursos públicos, los pactos entre empresas para concurrir a las adjudicaciones e incluso la emisión de facturas por trabajos no realizados. Fuentes del Gobierno señalan que las indagaciones se hallan en una fase inicial.
La documentación que maneja EL PAÍS sitúa el foco sobre varios grupos de empresas que reiteradamente, desde 2009, han sido invitadas por la Demarcación de Carreteras a concurrir a las adjudicaciones. Las firmas gallegas Baysega, Sebagasa, Seviga y Seibe 2000 —todas con un mismo administrador, Manuel Latas Rodríguez— simularon durante 2010 que competían entre sí por media docena de contratos. Las invitaciones a todas ellas fueron cursadas por el jefe de la demarcación, que también recepcionó las obras. Sebagasa se hizo ese año con dos de las adjudicaciones (la más jugosa, por 132.256 euros para colocar barreras de seguridad en la Nacional 525 y en la A-52 en distintos puntos de Ourense), tres fueron para Seibe 2000 y la última se la llevó Seviga.
La misma fórmula siguieron las constructoras Misturas, GED Integral y Extraco. Las tres coincidieron durante 2010 en seis procesos de contratación supuestamente en régimen de competencia. Pero el repaso al organigrama de estas firmas también depara sorpresas. Misturas es filial de Extraco, tienen el mismo presidente (Pablo Prada Valencia) y el apoderado de la primera, Francisco Rodríguez López, es además el presidente de GED Integral. Los nueve procedimientos negociados en los que aparentemente peleaban por los contratos durante 2009 y 2010 dieron como resultado que GED Integral obtuvo cuatro adjudicaciones, Misturas se llevó tres y Extraco, dos.
Otro entramado de sociedades relacionadas entre sí que concurrieron a los mismos concursos es el formado por Obras Caminos y Asfaltos SA (Ocasa), Sociedad Anónima de Betunes y Firmes y Opain SL. En diciembre de 2009 las tres compitieron por un mismo contrato de 48.320,30 euros que obtuvo finalmente Betunes y Firmes. Pero la aparente competencia entre ellas también es presuntamente ficticia, ya que las tres constructoras tienen relación entre sí. Betunes y Firmes es filial de Ocasa y, según el Registro Mercantil, el administrador de Opain, Marcos Rodríguez Ogando, es, junto a Belén y Roberto Rodríguez Ogando, propietario de Dibay SL, empresa que a su vez posee el 60% de Ocasa. Las mismas sociedades volvieron a ser las únicas invitadas a participar también en diciembre de 2009 en otro contrato de 26.999 euros que se llevó Betunes y Firmes. Y en 2010 en una obra de 39.988 euros que fue para Ocasa.
Sociedades de estos tres grupos se entremezclan de forma recurrente en otros contratos que Demarcación de Carreteras otorgó entre 2009 y 2012. La fórmula es similar: en los concursos con tres ofertas, dos corresponden a sociedades de un mismo entramado. Los trabajos bajo sospecha se corresponden con pequeñas obras de mantenimiento, reparación o señalización de las carreteras de Fomento en Ourense. Solo en contratos negociados sin publicidad —en los que se solicitan ofertas a una terna de constructoras elegidas de forma discrecional — la Demarcación Provincial de Carreteras adjudicó a una veintena de firmas 5,4 millones de euros entre 2009 y 2011. La Ley de Contratos del Estado prohíbe expresamente que las empresas invitadas a estos procedimientos tengan algún tipo de vinculación entre sí.
Firmas ya sancionadas por Competencia
Alguna de las adjudicatarias más habituales en los contratos de la Demarcación de Carreteras de Ourense cometió ya antes irregularidades en contratos públicos. Por hechos previos a 2009, la Comisión Nacional de la Competencia sancionó en 2011 a medio centenar de empresas constructoras de toda España, entre ellas Ocasa (5,5 millones de euros de multa, la mayor de todo el proceso), Misturas (1,6 millones), Extraco (un millón) y Sociedad Anónima de Betunes y Firmes (100.000 euros).
Competencia las acusó de repartirse entre ellas contratos públicos poniéndose de acuerdo a priori en las cuantías de las ofertas que presentaban a los concursos. Este organismo llegó a sancionar con otros 300.000 euros a Extraco por “obstruir” su labor durante una inspección de su sede. Según Competencia, Extraco fue una de las firmas que “organizó” o “lideró” aquella trama.
Lo que ahora revelan los contratos y las facturas de decenas de actuaciones encargadas por Adolfo Güell Cancela, funcionario jefe de la la Demarcación de Carreteras de Ourense, es que estas y otras sociedades recibieron adjudicaciones a dedo o repartidas entre una terna de ellas, numerosos trabajos, buena parte de ellos similares unos a otros durante el mismo período y en idénticos lugares. El fraccionamiento de un mismo trabajo en varios contratos menores permitió a la Demarcación de Carreteras de Fomento entregarlos a dedo y evitar la convocatoria de procesos de contratación abiertos a más competencia, lo que por regla general supone un ahorro a las arcas públicas.
Por otra parte, algunas de las actuaciones encargadas por Güell Cancela deberían ser realizadas por las adjudicatarias de los tres grandes contratos de conservación ordinaria de carreteras con los que el Ministerio de Fomento mantiene todas sus vías de la provincia, con un desembolso total de 6,5 millones de euros al año.
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