Fabra para los pies a Fabra

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha hecho valer el ultimátum que dio al grupo hispanolibio en el que supeditaba la negociación de la compra del aeropuerto de Castellón a la presentación de un aval que garantice su solvencia económica. El ultimátum finalizó a las 24 horas del domingo y, a esa hora, el Consell no disponía de él.

A primera hora de este lunes, desde Vicepresidencia de la Generalitat (de la que depende la comisión para la venta que controla la negociación del aeropuerto) y desde la Consejería de Economía (cuyo departamento ha asumido la cartera de Aerocas) aseguraban que el plazo se había cerrado y que a partir de ahora comenzaba un nuevo proceso en el que la Generalitat se abría a otras posibilidades. La oportunidad para los supuestos inversores había acabado. Las declaraciones de este lunes, y las que hizo el pasado viernes el portavoz del Consell, José Ciscar, y antes el propio Alberto Fabra, no se entienden si no son un intento de frenar el creciente protagonismo del presidente de Aerocas, Carlos Fabra, en este proceso de compraventa.

“El plazo se ha cerrado y no ha entrado ningún aval, por lo que la exclusividad en esta oferta ha acabado y ahora estamos abiertos a negociar cualquier otra”, indicaron desde Economía. Preguntados ante la posibilidad de que esta garantía llegara a lo largo de esta semana, en la línea de lo manifestado días antes por Carlos Fabra, fueron tajantes: “El plazo se ha acabado”.

Carlos Fabra prorrogó por su cuenta el plazo al grupo hispanolibio

También desde Vicepresidencia se expresaron en la misma línea y matizaron que al hablar del inicio de un nuevo proceso en el que se podría estudiar “otras opciones” se estaba cerrando la puerta al grupo hispanolibio y abriendo el proceso anunciado por Alberto Fabra sobre asumir la gestión del aeródromo. “No se va a hacer una subasta pública de inmediato, pero sí se buscarán nuevas salida”, indicaron en referencia a una gestión indirecta de la instalación.

El presidente valenciano aseguró el pasado miércoles que si el aval no llegaba en el plazo fijado se rompería la negociación. “Dimos un ultimátum. Si llega seguiremos con las negociaciones y, si no, abriremos un proceso en el que nosotros llevaremos la gestión”, dijo. El día después, Carlos Fabra le enmendaba la plana al asegurar que si llegaba más tarde se aceptaría igual. En una carrera por visibilizar quién toma las riendas, José Ciscar aseveró el viernes: “El presidente ha dicho que a lo largo de esta semana y ese señor apuntó que podría ser el lunes o martes (…). Hasta las 24 horas del domingo hay plazo”. También dijo que nadie del Consell había hablado con el presidente de Aerocas durante este proceso.

Horas después, desde Economía dejaron una puerta ligeramente entreabierta a los hispanolibios. El departamento que dirige Máximo Buch aseguraba que, pese a que el plazo había finalizado, si llegaba el citado aval a lo largo de esta semana, el Consell lo estudiaría e incluso lo podría aceptar y continuar así con las negociaciones. De esta forma, la Generalitat se guarda las espaldas por si, finalmente, y tras tres prórrogas, llega la esperada garantía de solvencia económica.

La Generalitat estudiará si acepta el aval en caso de llegar fuera de plazo

El presidente valenciano no ha escondido que la prioridad es la venta, puesto que supondría deshacerse por fin de una infraestructura que se ha erigido como símbolo de la mala gestión de los populares. Además, debería dar explicaciones de por qué se asume la gestión del aeropuerto (con los gastos millonarios que ello conlleva) si rechaza la única oferta en firme que ha recibido. En una época marcada por los recortes y la obligada austeridad, a la Generalitat le llueven las críticas por los 17 millones de euros presupuestados este año para el aeropuerto.

A este problema económico, se suma el daño de imagen (nacional e internacional) que el aeródromo de Vilanova d’Alcolea está infringiendo a la Comunidad Valenciana y a su Administración. Por lo que, en este caso, el Consell debería sopesar si carga con la pérdida de credibilidad por aceptar una oferta fuera del plazo fijado y en contra de sus propias manifestaciones, o si carga con una infraestructura señalada como símbolo del despilfarro.

Desde el propio partido se admite que si llegara una oferta económica, con una inversión, y en la que el Consell no debería aportar nada, "lo más lógico" sería aceptarlo, aunque fuese a fecha vencida. Lo contrario, asumir la gestión de su puesta en marcha, conllevaría un desembolso que hoy en día es todo un interrogante.