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El condado de Treviño vota de nuevo para ‘salir’ de Burgos y ser vasco

Los dos consistorios iniciarán los trámites para segregarse de Castilla y León

El PP se ha abstenido en ambos casos

Un vecino de Condado de Treviño pasa por delante del Ayuntamiento.
Un vecino de Condado de Treviño pasa por delante del Ayuntamiento.

Treviño vuelve a la carga. Los Ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, los dos municipios que componen el enclave —el condado pertenece a Burgos pero está insertado como una isla en el territorio de Álava— aprobaron este viernes el inicio del proceso de segregación de Castilla y León, comunidad a la que pertenece pero de la que se encuentra muy lejos físicamente (Burgos está a una hora de coche) y, en consecuencia, también en cuestión de sus servicios. Quieren ser vascos. Vitoria les queda a 18 kilómetros.

El de este viernes fue el primer paso para lanzar oficialmente el proceso, iniciado en dos ocasiones anteriores durante el periodo democrático —aunque los primeros intentos se remontan al siglo XVII—, sin resultados. Por mayoría, con los votos a favor de los concejales de agrupaciones independientes, PNV y Bildu, y con la abstención del PP —incluida la de Inmaculada Ranedo, alcaldesa de Condado de Treviño hasta la moción de censura que la apartó del cargo en diciembre—, ambos Ayuntamientos reclamaron que su capital de provincia deje de ser Burgos, a 100 kilómetros, y pase a ser Vitoria, donde muchos de los treviñeses trabajan, a 18 kilómetros.

El proceso se encontrará, una vez más, con el férreo rechazo al expediente de segregación por parte de Castilla y León. Tras conocerse las votaciones, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, aseguró en declaraciones a Europa Press que “no existen criterios objetivos” para respaldar el cambio de manos del condado. Con estas palabras hizo referencia a los conocidos como informes de mayores vinculaciones que Castilla y León tiene que emitir para opinar sobre la petición de segregación. Los argumentos recogidos en los documentos son tachados de “absurdos” por los partidarios de la anexión a Euskadi, comunidad en la que existe un respaldo político mayoritario a que Treviño sea territorio alavés.

Los estatutos de autonomía de Castilla y León y País Vasco recogen —en una disposición adicional tercera, el primero, y en su artículo 8, el segundo— cómo tiene que ser el proceso de segregación de regiones, en el caso castellano, y de anexión, en el caso del vasco. La obligatoriedad de esos informes es el muro infranqueable que ha evitado en el pasado que se den los siguientes pasos del proceso, incluida la realización de un referéndum en Treviño: en 1998 se celebró una consulta en la que participó el 77% del censo, con un resultado del 68% a favor de que se pregunte a los habitantes de dónde quieren ser.

Mientras que la Junta de Castilla y León esgrime este blindaje estatutario para eludir el debate y mantener Treviño entre la veintena de enclaves que salpican la península, esta vez los distintos habitantes del condado consultados por este diario coinciden en que será diferente. “En los dos intentos previos tropezamos porque el único camino que seguimos era el de buscar el referéndum”, reconoce Alfredo Ruiz de Samaniego, portavoz de Trebiño Batuz.

“En democracia no puede haber nada blindado, porque todo es votación y acuerdos”, defendió el alcalde de Condado de Treviño, Ignacio Portilla. Para superar la actual situación, han iniciado una vía paralela: el “trabajo de cocina” con los grupos parlamentarios vascos —se prevé también abordarlo con los de Castilla y León— para sondear la posibilidad de reclamar a través del legislativo la creación de una ley estatal que permita sortear el bloqueo. Es la vía que recoge un reciente informe de la Universidad del País Vasco, realizado por el catedrático de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster.

El trabajo es aún incipiente. Tanto que, este viernes, los portavoces oficiales de los principales grupos parlamentarios vascos desconocían que se hubiesen dado pasos. Algunos incluso recelaban de la viabilidad jurídica de esta alternativa. Roberto Ortiz, alcalde de La Puebla de Arganzón, propuso otra solución: la supresión de los enclaves —la península está salpicada de una veintena de ellos— a través de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Loc

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