Juicio a policías locales de Mijas por tráfico de drogas

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha juzgado este viernes a varios policías locales del municipio malagueño de Mijas, acusados de aprovechar su condición de agentes para traficar con drogas. La vista oral comienza después de que la Sala decidiera anular las escuchas telefónicas y otras pruebas extraídas a raíz de las mismas tras pedirlo las defensas en sus cuestiones previas.

En esta causa hay acusados cinco agentes, que fueron detenidos en noviembre de 2009, los cuales, según la Fiscalía, se aprovechaban de "su condición de funcionarios de la Policía Local de Mijas y de la posibilidad de utilización de uniformes, armas, documentos y vehículos oficiales", además de usar información para, supuestamente, aparecer en operaciones de desembarco de droga y "apropiarse y lucrarse con el producto de su venta". Además hay otro acusado.

Según el escrito presentado en su día por la acusación pública, estos procesados utilizaban la información recibida "en su función de reprimir la delincuencia" y, supuestamente, se presentaban de forma sorpresiva y "sin ponerlo en conocimiento de sus superiores e intentando eludir todo control por parte de éstos" en operaciones de desembarco o tráfico de droga y provocaban la huida de los narcotraficantes, que abandonaban el alijo.

Entonces, "podían apropiarse y lucrarse con el producto de su venta". Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, en dicha estructura organizativa, uno de los agentes era "el jefe" y "lo era también de su pareja" de servicio, mientras que otro era "subordinado" al supuesto responsable del grupo, pero "manteniendo el control de su unidad operativa" y transmitiendo órdenes a su compañero.

La participación del quinto agente, dice esta parte, "radicaría, fundamentalmente, a partir de febrero de 2009, en el suministro de información decisiva para las operaciones, proveniente de importantes contactos que tiene tanto en otros cuerpos de seguridad como en el submundo del narcotráfico procedente de Marruecos". En el escrito se relata una de las operaciones ocurrida en noviembre de 2009. Se les acusa de un delito contra la salud pública.

Este juicio comenzó en noviembre de 2012 y en dicha sesión, en el trámite de cuestiones previas, las defensas de los acusados pidieron la nulidad de las actuaciones, al indicar que las escuchas existentes en esta causa proceden de otras llevadas a cabo en un caso distinto, sin que se hubiese incorporado en este procedimiento testimonio de las mismas, ni tampoco los oficios ni las resoluciones judiciales que las autorizaron.

Posteriormente, la Sección Primera, a través de un auto, señaló que en este caso "lamentablemente, no se aportaron a las actuaciones en ningún momento los testimonios referidos, lo que ha impedido un control y conocimiento de la legalidad, adecuación, fundamentación y proporción de la medida" y, además de las escuchas, declaró nulos seguimientos y vigilancias, entradas y registros llevados a cabo y las declaraciones de algunos de los ahora acusados.

La Audiencia se basó en un acuerdo no jurisdiccional del pleno del Tribunal Supremo, apuntado por las defensas en las cuestiones previas, en el que se unificó doctrina; y recordó que dicho Tribunal ha declarado en ocasiones que cuando una intervención telefónica tiene su fundamento en otra anterior de un procedimiento distinto "es necesario que consten en las diligencias los testimonios completos relativos a la cadena de solicitudes y autorización judicial".

Ante esta resolución, la Fiscalía de Málaga presentó al Tribunal un escrito de alegaciones, en el que entendía que "no procede la solución dada por la Sala, que resuelve indebidamente las cuestiones previas planteadas". Así, se apunta que esta causa "no es un proceso incoado a raíz de la deducción de testimonio de una causa principal", por lo que no es de aplicación dicho acuerdo del Supremo. Además, acompañó los testimonios que no constaban en la causa.