La juez acusa a Conde Roa de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias
El exalcalde de Santiago declara durante siete horas por el ‘caso Pokémon’
La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga presuntos sobornos a cargos municipales gallegos dentro del llamado Caso Pokémon, sometió ayer a un exhaustivo interrogatorio al anterior alcalde de Santiago, el popular Gerardo Conde Roa. Durante más de siete horas —cinco y media por la mañana y casi dos por la tarde— De Lara escudriñó en las relaciones entre el Ayuntamiento de Santiago y la empresa Aquagest, que gestiona el servicios de aguas en la ciudad, así como en los detalles de una polémica operacíón urbanística que Conde Roa trató de poner en marcha poco después de llegar a la alcaldía. La juez aclaró ayer los delitos que imputa en principio al exalcalde: cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Conde Roa quedó en libertad con cargos tras su declaración, aunque no se le impuso ninguna medida cautelar. “Ha declarado como imputado nada más que para preservar sus derechos constitucionales”, aseguró el defensor del exalcalde, Ramón Sabín.
Conde Roa, abogado en ejercicio durante muchos años, ha vuelto a convertirse en un habitual de los juzgados, aunque ahora en un papel muy distinto. En mayo de 2012, solo un año después de alcanzar la alcaldía, tuvo que dimitir tras ser imputado de delito fiscal por evadir a Hacienda 291.000 euros. Recientemente otra juez de Santiago le ha imputado también por supuesta persecución a un policía municipal.
La juez De Lara trata de determinar si Conde Roa sacó beneficios de la relación que mantenían su antiguo jefe de gabinete, Ángel Espadas, y el exgerente de Aquagest en Santiago José Luis Míguez. Ambos están en prisión ya que la juez considera que hay indicios más que suficientes del reparto de sobornos a cambio de que el Ayuntamiento prolongase la concesión del servicio a esa empresa. En el caso de Conde Roa, De Lara tiene en el punto de mira de la investigación, entre otras cuestiones, dos viajes a Barcelona del exalcalde que fueron sufragados por Aquagest.
El pasado 16 de febrero, cuando fueron detenidos Espadas y Míguez, la juez ordenó también un registro en el domicilio de Conde Roa. El exalcalde esquivó entonces el arresto, pero pocos días después fue llamado a declarar como imputado.
El asunto de Aquagest centró el interrogatorio de la mañana, mientras que por la tarde De Lara se centró en una operación urbanística en la llamada Finca do Espiño. Al poco de alcanzar la alcaldía, Conde Roa llegó a un acuerdo con la propietaria de esa finca de 26.000 metros cuadrados, una inmboliaria catalana, para recalificar el terreno. Al proyecto inicial de construir un parque y una residencia de ancianos se le añadió la construcción de 120 chalets. El plan, que la oposición municipal consideraba un “pelotazo”, se frustró tras la dimisión de Conde Roa.Además ayer volvió a declarar durante una hora el exconcejal de Seguridad de Santiago Albino Vázquez Aldrey, del PP, detenido también el 16 de febrero dentro de la misma operación
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