La frustración de Salomón

El auto de la Audiencia Provincial ordena “el inmediato traslado de los menores a México en la ciudad en la que venían residiendo para que su padre pueda ejercer sus derechos” de acuerdo con el artículo 12 del Convenio de La Haya, que vela por que “los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes”. Consideran los jueces que la residencia definitiva de la madre en Alboraia “frustra toda expectativa” de llevar a cabo el derecho del padre “de forma racional”. En los autos, tanto en el del juzgado de primera instancia, como en el de la Audiencia Provincial, se señala que los menores fueron consultados el 4 de enero de 2011 y sus afirmaciones fueron coincidentes con las realizadas el 23 de octubre de 2009 en el juzgado mexicano que disolvió el matrimonio de los padres. Es decir, que los menores no evidenciaron animadversión ni hacia su padre, ni hacia su casa en México, pese a que el propio fallo admite que están bien adaptados a su nueva vida en Alboraia, donde disfrutan de un entorno afectivo estable. “No nos gustaría volver a vivir allí \[México\], tan solo en verano de vacaciones... ahora estamos más tranquilos”, afirman los menores en su última declaración judicial, recogida en el auto.

Es esta apreciación, la que movió ayer a centenares de personas en Alboraia, y a los familiares de Isabel Monrós a dar la máxima publicidad al conflicto. Los Monrós insisten en pedir ante los jueces que se prime el derecho de los menores a decidir sobre el cumplimiento de las convenciones internacionales. Unas convenciones, aceptadas por España y México, que pretenden impedir que un progenitor pueda apartar a sus hijos del otro progenitor huyendo al extranjero cuando la pareja se rompe. Una convención sobre la que Joaquín Escolano reclama sus derechos.

Tras la batalla, librada ante las cámaras, se oculta el fracaso de un proyecto vital de pareja que ha sido incapaz de dejar al margen del mismo a los menores. Ayer, con el fallo contrario y ya en vía de ejecución, los familiares de Isabel apelaban a que Joaquín pudiese cumplir con el régimen de visitas en Alboraia, donde tiene residencia; a la inseguridad de México, donde los niveles de violencia —y en especial contra las mujeres— son más altos que en España; y a los recursos económicos del padre —que según la familia de la madre tiene empresas en España, Estados Unidos y México— para propiciar el bienestar de los niños. Todos ellos argumentos que se deberían haber puesto encima de la mesa mucho antes, siempre con la vista puesta en el bienestar de los menores.

Lo que ya nadie ahorrará a los niños es el trauma de ver a sus padres más alejados que nunca, ni a los abuelos el dolor de corazón de ver a un juez ejercer de Salomón sobre el destino de sus nietos.