El exgerente de Madridec culpa a tres subordinados de los fallos de seguridad
Jorge Rodrigo señala a Rafael Pastor, Francisco del Álamo y José Ruiz Ayuso Los dos primeros debían, en su opinión, haber inspeccionado el recinto antes de la fiesta El segundo podría haber detenido el evento al detectar el exceso de aforo
“Por fin ha declarado alguien que dice la verdad”. Con esta sentencia salieron ayer los abogados de las cinco jóvenes muertas en la fiesta del Madrid Arena tras la declaración ante el juez de Jorge Rodrigo, ex director general de la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madridec), que gestiona este recinto del Ayuntamiento. Rodrigo culpó a cuatro subordinados suyos de ser los responsables de que no se frenara el evento el pasado 1 de noviembre en el pabellón municipal.
En concreto, se refirió a Rafael Pastor, Francisco del Amo, José Ruiz Ayuso y Jorge Rodríguez Caamaño —todos ellos responsables de seguridad— como las personas que tenían que haber inspeccionado el pabellón y haber paralizado la realización de la fiesta en caso de ver que se incumplían las mínimas medidas. Entre estos fallos, estaba el aumento del número de barras para servir bebidas (hubo 21), la ampliación de uno a dos de los roperos y el cambio de la zona VIP a una zona que cerraba o impedía el acceso a varias puertas.
“Lo que ha dejado claro [Rodrigo] es que, si se daban estas circunstancias, [sus subordinados] tenían capacidad y competencia para suspender la fiesta, ya que se incumplía el plan de protección”, añadieron los letrados de las cinco jóvenes.
Según los abogados, Rodrigo declaró que Del Amo y Caamaño inspeccionaron la sala antes de la celebración de la fiesta y que dieron el visto bueno para su celebración. El día del evento, Ayuso era el responsable de que se cumplieran las medidas de seguridad. Por encima de todo ellos estaba el director de Seguridad, Rafael Pastor, quien estuvo presente en la fiesta de Halloween, pero no tomó medidas antes de la avalancha. El propio exdirector de Madridec aportó correos electrónicos en los que Pastor firmaba como el jefe de seguridad, pese a que solo tenía el cargo de subdirector de esta área. “Este señor [Rodrigo] ha traído el organigrama de Madridec y, por fin, sabemos qué cargo ocupaba cada uno y cuáles eran sus responsabilidades”, explicaron los letrados.
A Rodrigo, que salió con gesto serio de los juzgados de la plaza de Castilla tras unas cinco horas ante el juez, no se le impuso por parte del titular del Juzgado número 51, Eduardo López Palop, ninguna medida cautelar, como les ocurre a otros imputados.
Otro punto que dejó claro Rodrigo fue que la seguridad interior también correspondía a la empresa Seguriber, un aspecto que hasta ahora no había quedado claro en las distintas declaraciones de otros implicados en la fiesta. Los responsables de esta empresa de seguridad habían señalado a la compañía Kontrol 34, que se encargaba de los accesos, como la encargada de la vigilancia interior.
Según Rodrigo, era Seguriber la encargada del visionado de las cámaras de seguridad del recinto. Por tanto, los vigilantes tenían que haberse percatado de que antes de la avalancha mortal se habían producido otras. “Deberían haber tomado medidas desde ese momento”, explicó la abogada de la acusación María José Siñeriz. Estos datos nuevos han hecho que los abogados hayan pedido una segunda ronda de declaraciones de los responsables de Seguriber y del propio Miguel Ángel Flores, el responsable de la empresa Diviertt, organizadora de la fiesta de Halloween.
El exdirector de Madridec también cargó las tintas contra la Delegación del Gobierno en Madrid, a la que acusó de hacer una dejación de funciones al no haber inspeccionado al detalle el Madrid Arena. Los dos policías que fueron a recoger la documentación del evento tendrían que haber vigilado la instalación.
Mientras, el sindicato Manos Limpias ha pedido al juez López Palop que abra una pieza separada contra el exconcejal Miguel Ángel Villanueva y el edil Pedro Calvo por los presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.
La exclusividad "tácita" de Flores
En su declaración ante el juez, Jorge Rodrigo ha reconocido que existía “un contrato de exclusividad” con la empresa organizadora de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena. Según dijo, el contrato se venía prorrogando de forma tácita desde 2008. Sin embargo, eso no se corresponde con la realidad documental.
La empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) firmó un convenio el 5 de diciembre de 2008 con FSM Group, la sociedad matriz de Miguel Ángel Flores. Por parte de Madridec, lo rubricaron los entonces responsables: el gerente, José Iriberri, y la directora comercial, María de la Cabeza Quirós. Ese convenio estaría vigente para 2009, 2010 y 2011; es decir, no se extendió tácticamente, como ha dicho Rodrigo, sino que se firmó su extensión temporal por tres años.
El convenio “de colaboración” comprometía a FSM Group a celebrar en las instalaciones municipales al menos tres eventos (dos fiestas de música electrónica y una para público homosexual) al año. El alquiler del Madrid Arena era ridículamente barato: 12.000 euros como mínimo, y 20.000 como máximo, a cuenta del 10% de la taquilla de cada evento. A esa cantidad habría que sumar entre 4.000 y 5.500 más por el edificio satélite del Madrid Arena.
El convenio no limitaba a tres los eventos organizados cada año por Miguel Ángel Flores, sino que preveía los pagos en caso de que superaran incluso los ocho. Por parte de FSM Group, lo firmó el hermano de Flores, José María, que ha declarado como imputado ante el juez y ha dicho que él rubricaba lo que se le dijera sin ponerlo en duda.
En septiembre de 2012, es decir, cuando el anterior convenio ya había caducado, Jorge Rodrigo, como gerente de Madridec, firmó un nuevo acuerdo con Miguel Ángel Flores; en este caso, con otra empresa, Diviertt, la que organizó a la postre la fiesta de Halloween; lo rubricó, de nuevo, José María Flores.
En este contrato sí se establecía la polémica cláusula de exclusividad para la empresa. El acuerdo preveía la organización de al menos cuatro eventos en 2012 y otros tanto en 2013. Mantenía el precio del alquiler en 12.000 euros, pero añadía que, para fiestas de más de 5.000 asistentes, se elevaría a 20.000.
Y, en virtud al “éxito comercial” de la colaboración iniciada en 2008, establecía que, “en contraprestación” por el compromiso de Diviertt de organizar esos cuatro o más eventos al año, “Madridec se compromete a no celebrar eventos relacionados con similares características [a los contratados] en el mes anterior ni en el mes posterior en las instalaciones y fechas recogidas en el acuerdo”.
Los cuatro eventos organizados por Flores (tres fiestas electrónicas y una para público homosexual) no tienen fecha fijada de celebración en el contrato. Es decir, podrían colocarse estratégicamente en febrero, mayo, agosto y noviembre de forma que coparan todo el año, en virtud a ese compromiso de no celebrar ninguna parecida en el mes anterior y posterior. De ahí que se considere una cláusula de exclusividad. Que, pese a lo dicho ante el juez, introdujo Jorge Rodrigo y no figuraba en el convenio anterior.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
