Ourense pagará pluses laborales que el interventor ve ilegales
El alcalde aseguraba ayer que analizará el acuerdo y que si advierte “ilegalidades” buscará “alternativas”
El Ayuntamiento de Ourense pagará a sus trabajadores pluses y ayudas sociales que la intervención municipal considera ilegales. Tras la presión ejercida por sindicatos y empleados, que amenazaron con un encierro indefinido en el consistorio, el alcalde socialista, Agustín Fernández, accedió ayer a emitir una nómina extraordinaria en la que abonará 95.000 euros retirados de la última paga.
Estos pagos están recogidos en el acuerdo regulador de personal aprobado el pasado enero. En pleno y a pesar de la existencia de un informe de la intervención municipal que alertaba de la ilegalidad por “percepción indebida al cobro”, el grupo de gobierno (PSOE) refrendó el acuerdo de personal gracias a los votos del BNG, que también lo apoyó.
Un mes después, el interventor emitió otro durísimo informe que puso contra la pared al alcalde y a la edil no electa de Personal, Carmen Rodríguez. Deberían responder con su patrimonio personal si procedían al pago por una “salida de fondos públicos sin justificación jurídica” lo que derivaría en un “menoscabo de los caudales y efectos públicos”. La edil de Personal decidió no firmar las nóminas. Si lo hacía incurriría en una “exigencia de responsabilidad contable”. El interventor también anunció que elevará cualquier pago al Tribunal de Cuentas. Si este órgano fiscalizador refrenda formalmente la ilegalidad, la edil no electa y el regidor deberán responder personalmente de los pagos ilegales.
La mitad del sueldo
Esta amenaza fue determinante. En una junta de portavoces, una concejala de la oposición preguntó al regidor si paralizaba el pago que él había aprobado porque incurría en “una responsabilidad contable”. Fernández respondió: “¿Te parece poco motivo?”. Una semana después y tras un contrainforme de los servicios jurídicos que avala el pago, el Ayuntamiento evita un enfrentamiento directo con sus empleados.
El alcalde aseguraba ayer que analizará el acuerdo y que si advierte “ilegalidades” buscará “alternativas”. Los pagos puestos en duda incluyen ayudas económicas para natalidad, fallecimiento, dentista, defensa jurídica o la adquisición de vivienda. También pluses de nocturnidad, festividad y veinticuatro horas. Estos tres conceptos afectan significativamente a bomberos y policía local. En algún caso, sus miembros han visto reducida la nómina a la mitad.
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