Los contratos de Nóos no justificaban “gasto, precio ni excepcionalidad”

La figura de la responsabilidad contable, “debidamente actualizada”, serviría para “conseguir la devolución del dinero sustraído en casos de prácticas perversas”, aventuró el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, cuando le preguntaron los portavoces de la oposición. Sin embargo, reiteró que el único organismo competente en materia de responsabilidad contable es el Tribunal de Cuentas y asumió que un buen número de casos está actualmente en manos de tribunales por la vía penal.

Los casos de corrupción protagonizaron este marte en las Cortes Valencianas la comparecencia de Queralt, Síndic Major de una institución cuya responsabilidad comparte con otros dos síndics, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval. Varios juzgados de Valencia y de Palma de Mallorca que investigan casos de corrupción han solicitado a la Sindicatura de Comptes informes, según desveló.

A petición del diputado socialista Julián López Milla, Queralt reconoció: "Nos han pedido muchos antecedentes los jueces en los últimos tiempos". Y enumeró informes solicitados desde diversas instancias judiciales, como los relativos a la empresa Vaersa y la Agencia Valenciana de Turismo, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; así como "la contabilidad de los procesos electorales", y también, desde juzgados de lo penal de Valencia, sobre el Instituto Valenciano de Finanzas. El juez de Palma que instruye el caso Nóos, a su vez, solicitó información sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Queralt, que compareció en las Cortes Valencianas para exponer el último informe de fiscalización de la Generalitat, correspondiente a 2011, defendió que son los jueces los que deben establecer las responsabilidades penales, y que el papel de la institución que dirige es establecer si hay "irregularidades administrativas", como las que detectaron en los contratos con el Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin, para las cumbres Valencia Summit.

Queralt destaca las “debilidades” de la Epsar en relación con el ‘caso Emarsa’

Queralt indicó que la institución auditora detectó en su momento "incidencias" en los contratos para los encuentros Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006. Y las resumió en tres aspectos: “No se justificaba la necesidad del gasto, no se justificaba el precio y no se justificaba la excepcionalidad en la contratación”. Es decir, “el expediente estaba incompleto”, concluyó. En "el paso siguiente", el juez ha empezado a determinar si hay responsabilidad penal, explicó el Síndic, quien añadió que el Tribunal de Cuentas abrió unas diligencias sobre esos contratos que luego aplazó porque empezó a actuar la jurisdicción penal.

A preguntas de la diputada de Compromís Mireia Mollà, que criticó la falta de claridad para señalar irregularidades relacionadas con el caso Emarsa, Queralt respondió: "Si se lee los informes sobre la Epsar, verá que ponen de manifiesto debilidades enormes a la hora de gestionar los convenios con Emarsa".

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dos de cuyos máximos responsables están imputados, financiaba el tratamiento de lodos de la depuradora metropolitana mediante unos convenios que supuestamente sirvieron para saquear la empresa pública Emarsa. Añadió que el organismo fiscalizador detectó también "debilidades" en la Ciudad de la Luz, en Alicante, y el Palau de les Arts, en Valencia.

Como en ocasiones anteriores, Queralt insistió en que la Sindicatura no tiene la función de depurar "responsabilidades contables" sino de ofrecer información para mejorar la gestión. Ante la reflexión del diputado socialista López Milla y del parlamentario de Esquerra Unida Ignacio Blanco sobre el hecho de que el Consell usa como escudo a la institución para no ofrecer información de contratos y expedientes a los que la oposición tiene derecho, el Síndic Major dejó caer que no se puede invocar a la Sindicatura por haber fiscalizado todos los contratos, dado que actúa de acuerdo con un muestreo.

Blanco dijo que la ciudadanía espera más claridad a la hora de detectar irregularidades y pidió que se expliciten los nombres de quienes se habla, como el de Miguel Navarro, exdiretcor de la Ciudad de las Artes, en un contrato de asesoramiento en CACSA de una sobras que ya no existen, e ironizó sobre el papel de la Sindicatura, que se limitaría de ese modo a decir: "Aquí alguien ha matado a alguien". Queralt respondió que no se explicitan los nombres porque retrasaría la elaboración de los informes, ya que habría que dar posibilidad de alegar a los afectados.