Los partidos, a favor de prohibir las donaciones privadas en su financiación

Ningún partido de Andalucía quiere quedarse atrás ni mostrar debilidad a la hora de proponer medidas de transparencia. Todos quieren estar en esa foto de colocación de la primera piedra del muro contra la corrupción, después de más de 30 años de democracia y un buen puñado de causas y casos de abusos de poder -con el de Bárcenas y los ERE en primer plano- que amenaza la propia supervivencia de los partidos políticos por el rechazo y hartazgo ciudadano.

Aparentemente conscientes de esta situación, PP, PSOE, IU y Partido Andalucista llegaron ayer, en menos de tres cuartos de hora, a un consenso básico sobre las iniciativas que hay que poner en marcha en la segunda reunión de la mesa de partidos del pacto por Andalucía.

Muchas de ellas son coincidentes y abundan en la necesidad de un estricto y severo control del dinero público. Pero hay otras que van a la raíz del problema de la corrupción: la de la financiación de los partidos. Las cuatro organizaciones se mostraron de acuerdo en prohibir las donaciones privadas y empresariales a los partidos, entendiendo que las cuotas de sus afiliados son ajenas a ese concepto. Estas medidas llevan la firma de PSOE e Izquierda Unida.

El PP no presentó ayer ninguna en concreto en este terreno, porque está a la espera de que las registre hoy su grupo en el Congreso, como colofón al debate de la nación. No obstante, su secretario general, José Luis Sanz, dejó claro que esa iniciativa “no plantea ningún problema” a su formación. Tampoco la que defienden los dos partidos de izquierda de dotar de más competencias a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que fiscalice no solo el dinero que gastan en campaña electoral, sino también su contabilidad anual.

Los socialistas han propuesto la creación de una comisión de control independiente, nombrada por el Parlamento, que vise las operaciones de crédito que vaya a suscribir un partido tanto en el ámbito regional como provincial “que superen una determinada cuantía”. Este órgano tendrá capacidad para recomendar que no se suscriba dicho préstamo “en el caso de que la operación no responda ni a los criterios de mercado ni al principio de sostenibilidad financiera”. Está por determinar qué entienden los partidos por comisión “independiente”, porque hay muchos órganos de este tipo integrados por personas vinculadas a los propios grupos.

Las propuestas de los populares inciden en la transparencia del control presupuestario de la Junta de Andalucía y su relación con terceros, así como las relaciones de familiares de altos cargos y diputados con la Administración.

Los partidos han quedado en celebrar una nueva reunión el próximo 7 de marzo para perfilar más las propuestas, pero está claro que estas medidas no se aplicarán de un día para otro, aunque hay muchas que dependen simplemente de la voluntad política de llevarlas a efecto sin ninguna obligación legal.

Estas medidas, que suman más de un centenar largo de propuestas, implicarán reformas legislativas de normas autonómicas y estatales, como es el caso de la ley de Financiación de los partidos políticos. Se echa en falta, no obstante, iniciativas concretas acerca del acceso de los ciudadanos a la información, un debate que, por ahora, aparece muy en segundo término.

Mario Jiménez (PSOE), José Luis Sanz (PP), José Luis Pérez Tapia (IU) y Antonio Jesús Ruiz (PA) mostraron su satisfacción por el buen tono de la reunión que apunta, en principio, a un futuro acuerdo.

Por otra parte, UGT advirtió ayer de que no se sentará en la mesa de negociación del Pacto por Andalucía con el sindicato de funcionarios CSIF, al que se ha incorporado después de una reunión con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.