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Unió cree que el Gobierno recurre la resolución soberanista por la crisis del PP

Unió votará contra la ILP a favor de los toros y apoyará la de la dación en pago

Josep Maria Pelegrí y Ramon Espadaler, ayer, tras el Consejo Nacional de Unió.
Josep Maria Pelegrí y Ramon Espadaler, ayer, tras el Consejo Nacional de Unió.

La dirección de Unió pidió en su último Consejo Nacional, el primero tras las elecciones, impulsar el diálogo con todos los partidos, incluido el PP, para que CiU no quedara atrapada exclusivamente en manos de Esquerra. Tres meses después, la situación ha dado un giro copernicano al constatar Unió que al Gobierno no le interesa negociar. Desde diciembre, el gabinete de Rajoy ha impulsado una oleada de recursos ante el Tribunal Constitucional contra decisiones de la Generalitat que culminaron el viernes con el anuncio de que recurrirá la resolución soberanista aprobada en el Parlament. El consejo democristiano atribuyó ayer esta decisión a la necesidad del PP de desviar la atención sobre su delicadísima crisis interna en alusión al Caso Bárcenas.

La Cámara catalana ha aprobado a lo largo de su historia cinco declaraciones en favor del derecho a decidir y Josep Maria Pelegrí, consejero Agricultura de la Generalitat, recordó ese dato para mostrar su perplejidad por el “agresivo” gesto de La Moncloa. “El concepto aprobado ahora en el Parlament es el mismo de otras ocasiones”, subrayó el también secretario general de Unió, que achacó el “cambio de actitud” del PP a dos razones: a querer esconder “la cabeza bajo el ala” o a que, pese a la mala situación por la que pasan, quiera obtener rentabilidad política. En las últimas semanas, el Gobierno ha recurrido leyes o medidas del Ejecutivo de Artur Mas: el pago del euro por receta; el impuesto a los depósitos bancarios; las tasas judiciales; la ley de horarios comerciales o el intento de supervisar los viajes al extranjero de Mas.

Pese a sus serias reticencias iniciales a formalizar un pacto de legislatura con Esquerra (ERC), el consejo nacional de Unió, que se reunió ayer en un hotel de L'Hospiutalet del Llobregat, se mostró razonablemente satisfecho de cómo se están canalizando las relaciones del Ejecutivo con los republicanos. Tanto Pelegrí como Ramon Espadaler, presidente del consejo nacional y consejero de Interior, recordaron que fueron partícipes del acuerdo con ERC, que recogió, por ejemplo, dos de los puntos para Unió esenciales. Pelegrí aludió a que se incluyó en el texto que la nueva fiscalidad fuera revisable si la situación económica mejora o que se contemplaran medidas de apoyo a la familia.

Con el portazo del PP al diálogo, Unió se esforzó en dar una imagen de unas relaciones reconducidas con Esquerra. Según Pelegrí, el Consejo Nacional ni siquiera debatió las declaraciones de Oriol Junqueras, líder de ERC, que invitó a Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió, a dimitir tras la sentencia del caso Pallerols que certificó la financiación ilegal de Unió.

En ese sentido, el partido democristiano abrió ayer una colecta entre su militancia para ayudar a pagar los 388.484 euros que el partido ha tenido que pagar en calidad de responsable civil subsidiario. El caso de corrupción ha salpicado de pleno a la formación democristiana, dispuesta a impulsar una nueva agenda para profundizar en la mejora de la calidad democrática. <CP8.8>“Hay que hacer una reflexión serena y coger el toro por los cuernos”, señaló Espadaler. La formación se plantea realizar una jornada en verano sobre ese asunto; otra ideológica, y el adelanto de un congreso extraordinario para debatir el mismo asunto que se fijará posiblemente para después del verano. Dos de sus prioridades serán la elaboración de un código de conducta para todos los políticos y un debate sobre qué actitud deben tomar los cargos públicos imputados.

La dirección de Unió acordó, paralelamente, dos medidas parlamentarias: por un lado, votar en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramitará el martes en el Congreso en favor de las corridas de toros y, por contra, a favor de que se tramite la ILP en favor de la dación en pago, aunque en ese sentido anunció que durante el proceso presentarán un texto propio. Espadaler subrayó que su partido mantendrá una postura “contundente” en defensa de la ley aprobada por el Parlament que prohibió la celebración en Cataluña de las corridas. “Nos opondremos con todas las fuerzas a que se derogue la ley catalana. Haremos una defensa a ultranza de la ley catalana y la legitimidad del Parlament”, dijo Espadaler. Este recordó que él mismo votó en contra de esa decisión en la Cámara catalana pese a que no ha ido en su vía a los toros.

Laia Ortiz, diputada de Iniciativa (ICV-EUiA), también rechazarán la ILP y negó que la abolición de los toros en Cataluña se hiciera por una cuestión identitaria. “Se trata de construir una sociedad mejor y más respetuosa el maltrato de los animales acaba promoviendo una sociedad más violenta e insegura para las personas”, concluyó.