Los 500 jornaleros imputados

La cifra en frío, 500 imputados, hace pensar que los afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) pierden las formas en sus protestas y terminan siempre en los calabozos. Por eso, cuando Diego Cañamero (Campillos, Málaga; 1956), secretario general de la formación, cita a Gandhi —“Nuestra lucha es pacífica, pero activa”— las piezas no encajan. “A veces recibimos palos, pero nunca nos hemos rebelado. Lo que pasa es que alteramos la comodidad de los políticos”, considera Cañamero. Desde su creación, en 1975, como Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y desde 2007 como SAT, ha pagado más de 150.000 euros en multas por sus actos de protesta y aseguran que tienen pendientes otros 400.000 euros.

La agenda de Cañamero está repleta desde el verano. En plena ola de calor, su formación protagonizó una batería de protestas con ayuda de su rostro más popular: el diputado autonómico por IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo. El asalto simbólico a dos supermercados de Cádiz y Sevilla para expropiar productos de primera necesidad, cruzó fronteras. “Queríamos alertar de que el hambre está llamando a muchas puertas”, rememora Cañamero, que lamenta el empujón a una de las cajeras. Llegaron periodistas de Japón, Ucrania, la televisión Al Jazeera...”, relata Javier García, responsable de prensa de la organización jornalera. “Somos una formación que pelea y no se casa con nadie, hemos ganado nuestra imagen a pulso”, añade García. El SAT se financia exclusivamente de las cuotas de sus afiliados —20.000 según sus propios cálculos— y de actos públicos como los “conciertos contra la represión”, en los que artistas que simpatizan con su causa tocan gratis. La sede principal de este sindicato es la antigua Delegación de Trabajo de la Junta en Sevilla, okupada junto a otras organizaciones sociales. La entrada está decorada con fotografías de cargas policiales en el campo y sus consecuencias en forma de hematomas y lesiones. En un lugar destacado hay una imagen del cura obrero Diamantino García Acosta, uno de los referentes del sindicalismo jornalero.

El sindicato okupa la antigua sede de la delegación de Trabajo de Sevilla

Desde que comenzaron a sacar a la luz las injusticias del campo andaluz utilizan las mismas formas de protesta: huelgas de hambre, ocupaciones de fincas, marchas... Sus acciones están muy medidas. Llegan, lanzan su mensaje —muchas veces ayudados por el Papamóvil, una furgoneta equipada con un altavoz de 4.000 vatios— y se van. Entre sus hitos destacan la oposición al nombramiento como hija predilecta de Andalucía de la Duquesa de Alba en 2006. “No tenemos nada personal contra ella, sólo queríamos entregar un listado de personas que realmente merecían ese honor. Nos pegaron, juzgaron y, como no, resultamos condenados”, resumen.

Son tantas las imputaciones que acumula el secretario general del SAT que se ha declarado insumiso judicial. “Estoy en busca y captura porque no acudo a las citaciones, ni declaro. Cuando me detienen me vuelvo mudo y no saben qué hacer conmigo”, relata Cañamero. “No es una chulería, es un acto de protesta contra una injusticia”, precisa. En el sindicato se quejan de que los jueces no consideren sus pruebas, testigos o a sus abogados. El veredicto siempre es el mismo: culpables. “Han denunciado a afiliados que no habían asistido a protestas porque ese día estaban trabajando”, aseguran.

Cañamero se ha declarado insumiso judicial y cuando le detienen se queda mudo

Para salvar la economía andaluza, el SAT propone que los bancos sean de propiedad pública, que se cree financiación para transformar productos agrarios como algodón, naranjas o pipas en la región, o que las fincas públicas se gestionen con cooperativas, entre otras medidas.

Su militancia ha crecido “de forma exponencial” en los últimos meses. La cuenta de Facebook de Cañamero considera que tiene demasiadas solicitudes de amistad. “No hacemos campañas. Vienen en busca nuestra. Aquí quien se suma, sabe que hay poco pan, lo que hay son tortas”, bromean.