Tejeria no sancionará a EH Bildu, pero controlará el uso del salón de plenos
La coalición critica que la decisión haya sido tomada por una sola persona
Si en la novena legislatura la entonces presidenta del Parlamento, la popular Arantza Quiroga, exigía una autorización para usar la sala de prensa con personas ajenas a la Cámara —fruto de un desencuentro con EA a raíz de una comparecencia con la izquierda abertzale—, en la décima, su responsable, Bakartxo Tejeria, instalará un filtro para el uso del salón de plenos. Es la decisión comunicada ayer a la Junta de Portavoces por la presidenta, que quiere poner coto así a usos “partidistas” del salón.
La orden, un protocolo de uso del espacio que se podrá aprobar como resolución de Presidencia o como un acuerdo de la Mesa, obliga a solicitar el permiso de utilización del salón salvo para las sesiones plenarias y las visitas a la Cámara. Es, al menos de momento, la única consecuencia tras la grabación de un vídeo por parte de EH Bildu en su bancada portando una pancarta que hacía un llamamiento a la manifestación a favor de los presos. La Mesa no dio el paso de sancionar a la coalición; UPyD lo había solicitado, pero solo logró el apoyo del PP, y ahora ambos reclaman cambiar el reglamento para incluir multas a este tipo de acciones. Con todo, la orden de Tejeria motivó una queja de la coalición abertzale. La razón: que esta decisión debe ser tomada por un “órgano colegiado” como la Junta de Portavoces y no por “una sola persona”, la presidenta.
La pasada semana la coalición también criticó a la Mesa por no admitir a trámite su proposición de ley sobre la paga extra de los funcionarios.
El Reglamento del Parlamento solo se refiere en su artículo 112 a “desórdenes graves” en el recinto, algo que la Mesa no considera aplicable para este caso, y, en el 115, al uso de “imágenes y grafismos” ofensivos durante un pleno. De hecho, esta es la razón por la que se expulsó de la tribuna de visitantes a varios trabajadores que desplegaron carteles en los primeros minutos del discurso de Iñigo Urkullu durante el pleno de investidura.
La coalición cuestiona que la orden se dada por una persona y no por un órgano colegiado
