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CERCO AL CACIQUE DEL PP GALLEGO

El juez admite la querella contra Baltar por enchufar a más de cien personas

La denuncia de la fiscalía apunta a un presunto delito de prevaricación continuada

José Luis Baltar, en una imagen de archivo.
José Luis Baltar, en una imagen de archivo.NACHO GÓMEZ

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha admitido a trámite la querella del fiscal contra el exbarón del PP en la provincia, José Luis Baltar, por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales.

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El PSOE denunció que Baltar, que presidía la Diputación, empleó a esas personas a cambio de que votasen a su vástago en el congreso del partido para vencer al candidato apadrinado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El juez llamará a declarar como testigos a jefes de servicio de la institución provincial y a nueve de los contratados, que han sido elegidos de forma aleatoria. La fecha de la comparecencia de Baltar como imputado en los juzgados de Ourense aún no ha sido fijada.

La denuncia incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste, persona a persona, del centenar de enchufados tras la información que le trasladó, en 2010, el PSOE provincial. La denuncia de “enchufismo” se basa en la “ausencia de publicidad” —esto es, de convocatoria de oferta pública— para optar a las plazas, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de personal en las instituciones públicas. Los socialistas no solo acusaron a Baltar de prevaricación, sino también de cohecho por las supuestas “dádivas” de los seleccionados a cambio del empleo. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que a los investigadores les resultó “prácticamente imposible” aportar pruebas “documentales” de ello.

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