Los afectados por los incendios y las riadas de Málaga siguen sin cobrar ayudas

Los afectados en la provincia de Málaga por el gran incendio forestal del pasado agosto y las inundaciones registradas entre septiembre y noviembre han iniciado el año sin haber cobrado aún las ayudas públicas comprometidas. El fuego arrasó 8.225 hectáreas, a lo largo de seis municipios de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce, y dejó un reguero de más de 200 damnificados. En el caso de la riada registrada a finales de septiembre, ésta dejó más de un millar de personas con daños en fincas, inmuebles, vehículos y caminos rurales. Pocas semanas después, a mediados de noviembre, una tromba de agua también provocó importantes desperfectos en la capital malagueña.

Las administraciones cifraron en casi 50 millones de euros los daños ocasionados por las tres catástrofes, que provocaron la muerte de cuatro personas. La Junta de Andalucía aprobó a principios de diciembre destinar cinco millones de euros para obras forestales y actuaciones en el cauce de varios ríos de las zonas arrasadas. Los trabajos ya se han iniciado. Sin embargo, los numerosos particulares y los ayuntamientos que reclamaron las indemnizaciones todavía no han tenido respuesta.

“Las ayudas están aprobadas, pero no me consta que los vecinos haya recibido noticias. Los técnicos de la Junta y del ayuntamiento hicieron un gran esfuerzo por valorar y estudiar cada una de las solicitudes de daños presentadas por los afectados”, afirma José Antonio Gómez (PSOE), alcalde de la localidad de Ojén, la más perjudicada por el incendio. Sólo en este municipio, las llamas ocasionaron pérdidas por valor de más cinco millones de euros en infraestructuras públicas. La oficina municipal que habilitó el consistorio recibió más de un centenar de reclamaciones por desperfectos que sumaron cerca de tres millones de euros. “Todo se tramitó de forma rápida para que la Subdelegación del Gobierno pudiera contabilizar las pérdidas y agilizar el pago de las indemnizaciones”, añade Gómez.

El incendio de Barranco Blanco, en un paraje de Coín, se extendió en pocas horas a las localidades de Marbella, Ojén, Monda, Alhaurín el Grande y Mijas. Los seis ayuntamientos pusieron a sus técnicos a cuantificar los daños en coordinación con personal de la Diputación de Málaga y del Gobierno. Una semana después del suceso, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para paliar los estragos en viviendas, enseres, personales, ayudas a corporaciones locales o fábricas. Los expedientes debían ser analizados por el Ministerio del Interior para aprobar finalmente el pago de la correspondiente ayuda económica. El último plazo de presentación de estas solicitudes concluye esta semana. Los cálculos elaborados por los propios responsables municipales cifraron en más de 11 millones de euros las pérdidas ocasionadas en infraestructuras públicas y en propiedades de los vecinos.

Un mes después del incendio forestal más grave ocurrido en las dos últimas décadas en la provincia de Málaga, llegaron las lluvias torrenciales. A finales de septiembre, las inundaciones afectaron a Andalucía oriental dejando importantes destrozos en las provincias de Málaga, Almería y Granada. El Consorcio de Compensación de Seguros realizó una evaluación inicial de 42 millones de euros en daños. Más de 4.000 viviendas anegadas, casi 350 comercios afectados y cerca de un millar de coches inutilizados.

En Málaga, la riada fue más dañina en la comarca de Antequera. En el municipio de Villanueva del Rosario, prácticamente un centenar de familias resultaron afectadas. “Nadie ha recibido aún las ayudas que están aprobadas por las administraciones. Este mes de enero aprobaremos en pleno destinar a los damnificados la recaudación de 41.000 euros obtenida con una barra solidaria y con la suspensión de la feria de octubre”, afirma Antonio Vega, el alcalde. “Este será el primer dinero que reciban aquellos que perdieron su casa” añade el regidor socialista.

Los alcaldes han solicitado en varias ocasiones a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Andalucía que acelere la entrega de las ayudas económicas previstas. Ambas administraciones esperan una resolución de los expedientes en pocas semanas para poder abonar las indemnizaciones aprobadas. Entretanto, se escudan en las obras de limpieza y acondicionamiento que se están realizando en los parajes y municipios asolados. La Consejería de Medio Ambiente recalca además que estos trabajos los acometen una veintena de empresas de la provincia de Málaga que dan empleo a cerca de 400 personas.