Suspendida la proclamación del nuevo decano de los abogados
La comisión electoral abre un plazo para impugnar la votación del martes Siete rivales acusan a la candidata con más votos de fraude electoral
![F. Javier Barroso](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0cf5fb59-eab8-46c8-bcca-f112a1a7846c.png?auth=a4a5a56abc078449e8165721b2b449479e5bd0384d1cd2f70900262c80af7937&width=100&height=100&smart=true)
![La candidata Sonia Gumpert en una rueda de prensa.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/X2Z274HC5J7GH7IET5LAN7P2HA.jpg?auth=5b18d69dd9fa97d84946eb8cddf7274f522316b6588c1d33e1d96eda90e0e416&width=414)
El nombre del futuro decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) es todavía una incógnita. Y puede serlo durante bastante tiempo. La comisión electoral, el órgano rector de los comicios, decidió suspender la proclamación de los resultados de las ocho mesas hasta que las distintas candidaturas presenten alegaciones y documenten hechos del supuesto fraude electoral. Esta postura fue tomada in extremis a altas horas de la madrugada de ayer, después de la trifulca registrada en la zona de votación y que requirió la intervención de la policía.
La decisión de la comisión electoral dejó literalmente sin palabras a la candidata Sonia Gumpert y a su equipo. Era la postura que menos se esperaban dado que no estaba contemplada en los estatutos electorales del colegio. “Es una vergüenza. Confiaba en que se fijaran el resultado y resolvieran sobre las bases de las pruebas presentadas, que son ninguna. Los resultados de las urnas son los únicos que importan”, declaró Gumpert a este periódico tras el anuncio de la comisión electoral.
"La imagen que hemos dado de los abogados ha sido muy mala"
Los cinco integrantes de este órgano colegiado recibieron de manera verbal la denuncia de siete candidaturas de que Sonia Gumpert y su equipo habían podido cometer fraude electoral. Para ello, les acusan de haber cometido algunas irregularidades durante la jornada electoral. Entre ellas destacan la realización de actos de propaganda en el colegio electoral, situado en el Palacio de Congresos del paseo de la Castellana, de emplear mecanismos de presión sobre los electores para que apoyaran su candidatura e incluso el ofrecer el pagar taxis a los que quisieran desplazarse al colegio. Las denuncias van más allá y mantienen que se llegaron a entregar sobres con los votos de la candidatura de Gumpert, que se utilizaron ordenadores personales para cotejar los datos de los abogados que habían votado con el censo de todo los electores, y que se llegaron a acuerdos previos con otras candidaturas para sumar los votos.
La comisión electoral, que no nombra de manera explícita a la candidata Gumpert en su acta, decidió a las cinco y media de la madrugada de ayer suspender la proclamación de los resultados, mantener a la actual junta de gobierno del ICAM —incluido el decano— en funciones, recibir las alegaciones de las distintas candidaturas hasta las dos de la tarde de mañana y guardar todas las actas y votos en sobres lacrados que permanecerán en la caja fuerte del Colegio de Abogados.
A ello se une el acudir al Juzgado de Instrucción número 15, que estaba en funciones de guardia la noche del martes cuando se produjeron los altercados, para que abra diligencias previas y permita conocer el contenido de los tres ordenadores y dos memorias portátiles incautados por la policía. El último punto del acta pide a las candidaturas que se abstengan de “realizar cualquier medida de presión sobre la comisión electoral y sobre sus miembros”. También les pide que extremen el celo en la defensa del buen nombre de la profesión y del colegio.
Sonia Gumpert logra el doble de sufragios que su inmediato seguidor
Los datos permanecen en un sobre lacrado. Eso en teoría, porque los candidatos tenían interventores en cada una de las ocho mesas electorales, lo que permitía saber el resultado final: Gumpert obtuvo en el escrutinio en torno a 5.500 votos y Hernández-Gil unos 2.800. El tercer candidato más votado fue Javier Cremades, con 2.200 apoyos. El resto de los 11 candidatos no superó los mil votos.
Sonia Gumpert y parte de su equipo convocaron a primera hora de la tarde a los medios de comunicación para repetir un mensaje: “Nuestra candidatura va a luchar para que prevalezcan los votos en un proceso que ha sido limpio y con todas las garantías legales”. Con cierto tono solemne y a veces enfadado, los integrantes de la lista de Gumpert negaron de manera reiterada que pagaran taxis a los abogados que fueron al Palacio de Congresos y que entregaran sobres con las papeletas de su opción. “Si alguno de nosotros lo hubiera hecho, directamente lo habríamos corregido nosotros. No toleramos esos comportamientos en ningún caso”, resumió el exfiscal de la Audiencia Nacional y número tres de la lista, Ignacio Gordillo.
Sí reconocieron que habían utilizado ordenadores personales para cotejar los datos de los votantes con los posibles letrados que iban a apoyarlos. “¿Es algo ilícito que yo llame a mis amigos o conocidos y les diga que el colegio electoral va a cerrar a las ocho?”, se preguntaba el número dos de la lista Manuel Valero Yáñez.
“La imagen que hemos dado los abogados ha sido muy mala y nos ha apenado mucho”, destacó Gumpert, que lamentó las maniobras de sus oponentes para evitar que llegara a dirigir el ICAM: “Todo esto es consecuencia del miedo a perder el poder, pero hay que recordarles que estamos en un sistema democrático, libre y voluntario”.
Ahora se abre un proceso totalmente desconocido en los más de 400 años de historia del colegio. La comisión electoral se ha dado de plazo hasta las dos de la tarde para recibir todas las pruebas que quieran presentar las partes afectadas. Ello supone que una vez cerrado ese plazo deberán estudiar todos los escritos y resolver si hubo o no fraude electoral. Y aquí caben dos soluciones. Una sería anular la candidatura de Sonia Gumpert y que ganara el número dos en los resultados. Otra consistiría en proclamar que ha ganado un candidato, supuestamente Gumpert, al no apreciar irregularidades en el proceso o delito electoral.
En ambos casos siempre quedará abierta la vía judicial, en concreto la contencioso-administrativa. Un juez sería el encargado de ver si fueron legales o no los comicios del pasado martes. Eso demoraría el resultado final varios meses.
Un puesto muy codiciado
La imagen que dieron los abogados el martes por la noche entre gritos, empujones y más de un insulto está muy lejos de lo que representa la profesión. En eso al menos coinciden todos los candidatos cuando hablan detrás de los micrófonos. Los nervios que se palparon en el Palacio de Congresos hasta la madrugada solo revelan lo codiciado que es el puesto que supone dirigir el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM, 64.569 letrados). Desde este cargo se tiene acceso a ministros, presidentes y consejeros de la Comunidad de Madrid, además de ser la autoridad dentro del gremio.
Los altercados de la noche del martes fueron además el punto final a una campaña llena de trampas y más de una descalificación entre los aspirantes. A Sonia Gumpert (Madrid, 1966) la acusaron de ser de origen catalán, como si ello fuera un demérito en la capital. A la aludida le tocó deshacer el rumor, que podría robarle votos. También le acusaron de que su campaña se la sufragaban dos abogados hermanos de origen catalán. Y también lo desmintió. O incluso de que el Instituto Superior de Derecho y Economia (ISDE) la subvencionaba. “Todo eso es mentira y me ha costado mucho tiempo el desmentirlo durante la campaña. Yo soy profesora del ISDE y no hay nada más”, reiteró ayer la candidata.
Las uniones entre diversos colectivos, en especial las del turno de oficio y de la justicia gratuita, también han abierto ampollas entre otros candidatos, que han visto una vía de escape de muchos votos. La poca representación que dicen haber tenido durante los años en que ha sido decano Antonio Hernández-Gil y la poca beligerancia ante el Gobierno regional por los retrasos y las deudas a los letrados también se han dejado sentir.
Y eso sobre todo en una candidatura que desde el principio se ha visto como ruptura a todo el continuismo que ha vivido el colegio en los años recientes de su larga historia. “Ha sentado muy mal que, cuando Garzón permitió las escuchas a los abogados en la cárcel, el decano no saliera en defensa de sus compañeros. Se ha visto incluso como traición y muchos tenían ganas de una renovación”, afirma una letrada que no pertenece a ninguna candidatura. Ese era en parte el sentir de muchos letrados que no estaban alineados y que buscaban un cambio radical en el futuro del colegio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
![F. Javier Barroso](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0cf5fb59-eab8-46c8-bcca-f112a1a7846c.png?auth=a4a5a56abc078449e8165721b2b449479e5bd0384d1cd2f70900262c80af7937&width=100&height=100&smart=true)