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Benidorm saca a concurso de nuevo la estación de autobuses

El TSJ anuló la adjudicación a Ortiz y Auplasa y pidió que se garantice "igualdad de condiciones"

Benidorm sacará nuevamente a concurso la explotación de su estación de autobuses, después que de que el Tribunal Supremo haya dado por firme una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) de 2007 que anulaba parte de la concesión adjudicada.

En este proceso resultó como adjudicataria la Unión Temporal de Empresa (UTE) de Enrique Ortiz e Hijos y Auplasa. Según ha anunciado hoy el edil de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, el cumplimiento de la sentencia pasa por "retirar la concesión a Ortiz" y "sacar de nuevo a concurso la explotación" de la estación de autobuses garantizando "la pública concurrencia en igualdad de condiciones" de todas las empresas interesadas.

Ivorra ha incidido en que justamente el TSJ anuló parte de la concesión al entender que "se había vulnerado el derecho a la pública concurrencia" porque las modificaciones del contrato aprobadas en pleno en marzo de 2003 daban como resultado "un contrato de concesión nuevo" que, por tanto, debía haberse sacado a concurso, algo que no ocurrió y se mantuvo la concesión a la UTE.

Fuentes municipales han recordado que la modificación del contrato consistía en que incrementar la superficie comercial y el número de habitaciones del hotel proyectado. El edil ha indicado que fue "el anterior gobierno del PP" quien decidió presentar un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del TSJ, "en lugar de atender a los técnicos municipales que siempre han optado por una nueva contratación".

"Hemos perdido cinco años"

Según el responsable de Urbanismo, "si se hubiera hecho caso a los técnicos en 2007" la estación "estaría perfectamente legalizada", pero, por el contrario, "hemos perdido cinco años de explotación". Ivorra ha insistido en que el "único interés" del PP "era prolongar en el tiempo las irregularidades e infracciones, alargar la agonía y que el marrón se lo tragara otro".

El edil ha explicado que la próxima semana los técnicos municipales y representantes de la concesionaria se reunirán para estudiar las posibilidades para "dar cumplimiento a la sentencia del TSJ de 2007". También ha remarcado que "tenemos que regularizar la situación urbanística y de contratación" de la estación, que, además de la terminal, acoge un centro comercial y un hotel que excede en dos plantas la edificabilidad permitida.

A este último respecto, ha afirmado que las dos plantas construidas de más en el hotel "son legalizables". A preguntas de los periodistas, Ivorra ha expuesto que "hay que hacer una valoración" de la estación, ya que "en caso de que haya una nueva contratación por la totalidad de la concesión" el nuevo adjudicatario deberá pagar a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos "los costes" de esa obra, descontando los años de amortización. Pero además, el nuevo concesionario deberá asumir la hipoteca que pesa sobre la concesión de la estación, formalizada a finales de 2008 por Enrique Ortiz e Hijos por valor de 21 millones de euros.

Ivorra ha recordado que la construcción de la estación de autobuses no ha tenido coste alguno para el Ayuntamiento porque corrió a cargo de la concesionaria, aunque las arcas municipales sí que han tenido que afrontar un gasto de 21.608,97 euros en letrados y procuradores entre 2007 y 2010.

 

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