La Junta envía 50.000 folios del ‘caso Invercaria’ tras la amenaza del juez

El magistrado censura la falta de colaboración de la empresa pública

El presidente de la empresa pública Invercaria, Francisco Álvaro.
El presidente de la empresa pública Invercaria, Francisco Álvaro.PACO PUENTES

El juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, ha amenazado a la Junta de Andalucía con imputarle un delito de desobediencia a la autoridad judicial al presidente de la empresa pública Invercaria, Francisco Álvaro. El magistrado aclara al alto cargo de la Administración andaluza que debe entregarle al grupo de blanqueo de capitales de la policía “toda la documentación en su día solicitada” en el plazo de cinco días. La Junta cumplió la advertencia ayer después de recibir el apercibimiento la semana pasada. El juez pidió la documentación de 34 empresas el pasado 2 de julio, pero el registro de entrada en la Junta se retrasó nada menos que hasta el 20 de septiembre. Esta dilación se ha sumado a la compilación de una información “prolija”, alegó Álvaro.

En esta advertencia judicial a la Junta de Andalucía por su falta de colaboración llueve sobre mojado. La instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ya amenazó a la Junta con que incurriría en delito si no le entregaba de inmediato en un sobre lacrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años. Al igual que ayer, hace un año y medio la amenaza no se materializó. El juez investiga la supuesta concesión discrecional de préstamos, el incumplimiento de las normas de contratación y pagos irregulares al personal directivo de esta sociedad pública dedicada al capital riesgo que gestionó unos 60 millones entre 2005 y 2009. Entre las empresas investigadas figura la firma Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), una compañía de ferias virtuales que carece de página web.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que impute por malversación al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo junto a su ex director financiero y tres empresarios, aunque de momento el magistrado ha preferido esperar y seguir investigando. La providencia dictada fue exhibida ayer por el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, en el pleno del Parlamento, para cargar contra la Junta. “Son especialistas en obstaculizar cualquier investigación”, censuró Zoido.

El presidente de Invercaria, Francisco Álvaro, intentó rebatir la acusación al subrayar que desde la pasada primavera el juez ha recibido unos 70.000 folios de las 34 empresas que investiga, y que la colaboración tiene “el mayor rigor”. Ayer la Junta entregó 18 cajas con 50.000 folios. “No era necesario porque hay una buena colaboración con la Udyco [Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, que investiga el caso] (...) Quizás deberíamos haber pedido un tiempo para reaccionar con diligencia”, admitió. Álvaro insistió en que “no hay caso”, si bien matizó que se refería a que no existe causa penal porque no ve irregularidades en la gestión investigada. El alto cargo acusó a Zoido de mentir y sugirió sin pruebas que la providencia estaba motivada por una petición de una de las partes personadas, entre las que se encuentra el PP.

La Junta solicitó personarse en el caso a través de la agencia Idea (donde figura Invercaria), pero el juez respondió que “no ha lugar por ahora” dado que de la investigación “no se deduce hasta el momento que dicha entidad sea parte perjudicada”, según la providencia dictada del pasado 30 de octubre. El magistrado ha rechazado asimismo la personación de la firma Novasoft, que junto Innovaes Formas de Comunicación y Grupo Imagen son las primeras compañías cuya documentación la instrucción investiga.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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