La Junta estudia recurrir al Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales

Llera asegura que la norma estatal es un "ataque" contra la población con menos recursos

El consejero de Justicia, Emilio Llera. GARCÍA CORDERO

La Junta ha encargado un informe jurídico para valorar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno central. El consejero de Justicia, Emilio Llera, ha anunciado este jueves que la Junta está estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma al entender que podría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en la Constitución.

A la espera del informe jurídico, la opinión de Llera sobre la nueva ley coincide con la expresada en los últimos días por gran parte del sector judicial. El consejero entiende que la ley “rompe” el principio de igualdad ante la Justicia, “limita el acceso y disuade” a la ciudadanía de recurrir a los Juzgados. Llera alertó también sobre el “ataque” que en su opinión supone la norma para a la población con menos recursos económicos. “La ley raya la inconstitucionalidad y pueden existir argumentos para presentar este recurso”, aseguró el consejero.

Los jueces andaluces se concentran contra los recortes y la nueva norma estatal

“Desde Andalucía defendemos un modelo público de Justicia universal”, declaró Llera, que lamentó que el Gobierno central haya aprobado la ley “con el rechazo de todos los partidos políticos, colectivos sociales y operadores jurídicos”.

La norma ha irritado también a los jueces andaluces, que han incluido el rechazo a la ley de tasas entre los motivos de la concentración programada para hoy en protesta por la falta de inversiones en Justicia. La iniciativa, convocada en todo el país por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, se desarrollará de forma simultánea —entre las 13.00 y las 13.30— en las principales sedes judiciales.

La asociación de consumidores Facua ha anunciado ya también movilizaciones contra la norma estatal, que supone, según esta organización, “la implantación de una justicia para ricos y otra para pobres”. Además, ha puesto en marcha una recogida de firmas contra la ley y una campaña informativa en las redes sociales.

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