Entre robos y recortes

Un empresario catalán murió la noche del domingo en su casa de Castell-Platja d’Aro, después de que unos ladrones entrasen a robarle. Los asaltos han sido precisamente una de las cuestiones que han marcado, a nivel de delitos, la legislatura en el Departamento de Interior desde que en 2010 se detectase un crecimiento de casi el 20% de los robos a domicilios. Más preocupante aún en el caso de Barcelona, donde los robos crecieron un 43% en el Eixample.

Eso obligó a la policía a poner todos sus recursos en contener ese tipo de delitos. Pero en el primer semestre de 2011, los robos con violencia (con el propietario del domicilio en la casa) seguían disparados en la capital catalana (26,4% más). Ese verano dos ancianas murieron tras un atraco en sus viviendas, en la provincia de Tarragona.

Al acabar el año, los mossos lograron frenar el crecimiento de los asaltos con fuerza en pisos y casas, pero la reducción apenas alcanzó del 0,91%. Y se dispararon otro tipo de delitos, como los robos a empresas (53%). La radiografía en los primeros seis meses de 2012 muestra que los delitos contra el patrimonio (a domicilios, establecimientos, empresas, vehículos, etcétera) continúan creciendo un 2,1%... Aunque contra las personas, disminuyen un 14%.

“Ser pobre no es ser ladrón”, se han cansado de repetir diversos mandos políticos y policiales. Aunque sí se ha admitido la “socialización” del asalto a pisos, en un contexto de crisis económica, en palabras del comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Milán. En muchos casos, se trata de jóvenes que utilizan la patada en la puerta, entran a toda prisa y arramblan con lo que pueden. También ha preocupado a la policía los tirones, asociados a los cadeneros (que arrancan del cuello cualquier joya que parezca o sea de oro, preferiblemente a ancianas), los robos de bolso o incluso las sustracciones de teléfonos de última generación. Por no mencionar la campaña intensiva de contención de hurtos en el metro. El PP propone en su programa electoral “planes específicos para el robo contra comercios”, aunque no especifica de qué tipo. El PSC si gana quiere “aumentar en un 10% el nivel de percepción de seguridad ciudadana”.

El panorama de la criminalidad ha coincidido con las estrecheces económicas y los recortes. Felip Puig se ha visto obligado a ser el primer consejero de Interior que no convoca nueva promoción de Mossos d’Esquadra. Casi todos los partidos comparten el principio de que hacen falta más policías. ICV-EUiA y PP defienden en su programa electoral la necesidad de alcanzar la cifra de 18.300 agentes (en la actualidad son 17.195)

Precisamente, la carencia de policías ha llevado a algunos payeses a constituir patrullas de vigilancia, una suerte de somatenes que cuentan con el beneplácito de Puig y la crítica de los sindicatos policiales, por el peligro que suponen, como se demostró con la muerte de un hombre este verano en Maials (Segrià) de un ataque al corazón cuando huía de un grupo de agricultores. Algo que ICV-EUiA y PSC mencionan en su programa como práctica a erradicar.

Lo asocian a la privatización de la seguridad pública, igual que la intención de Puig de liberar a la policía catalana de la vigilancia de las cárceles para recuperarlos para actividades operativas. El partido de Joan Herrera propone en su lugar crear una escala auxiliar de la policía catalana, para poder contar con más agentes.

Las necesidades de ajuste también han llevado a Puig a eliminar más de 500 coches de los Mossos d’Esquadra (el 15% de la flota), y le han enfrentado abiertamente con sus sindicatos por la falta de material. Solo SI hace referencia explícita a este asunto, cuando afirma que garantizará “suficientes vehículos de propiedad pública y preparada para sus funciones policiales”.

Todos los partidos, a excepción del PP, defienden una policía catalana integral, con competencias plenas en Cataluña. CiU y ERC se refieren explícitamente a las competencias aeroportuarias, marítimas, aduaneras y de extranjería, que ahora detentan Policía Nacional y Guardia Civil.