Cifuentes declara “el principio del fin” de los ‘taxis de la droga’

La glorieta de Embajadores de Madrid ya no es, según la policía, el intercambiador de la droga al que acudían decenas de toxicómanos de la región, en un peregrinaje que se disparó notoriamente a partir de 2010, para trasladarse a la Cañada Real y conseguir allí su dosis diaria. La Policía Nacional desarticuló el martes de la semana pasada a cuatro grupos —dos liderados por marroquíes, otro por rumano y, el último, por ciudadanos búlgaros— de presuntos cunderos, la jerga con la que se conoce a los implicados en el negocio de las cundas o taxis de la droga que trasladan de forma ilegal a los drogodependientes. En la operación, fueron detenidas 23 personas y resultaron incautados 15 vehículos.

“Es una operación importantísima, por lo que los taxis de la droga suponían para la desestabilización y seguridad del barrio de Embajadores. Ahora trabajaremos para que no se instalen en otros barrios o regresen a Embajadores, pero es el principio del fin de las cundas”, ha apuntado esta mañana Cristina Cifuentes durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de la operación. El pasado febrero, Cifuentes declaró las cundas "objetivo prioritario" tras reunirse con asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona, uno de los nudos de transportes más importantes del sur de la capital. 

“Consideramos desarticuladas el 95% de las cundas que confluían en Embajadores”, ha apreciado José Ramón Murillo, comisario jefe de Arganzuela. Quedaría un 5% residual, formado por jubilados y taxistas que harían algunos viajes ocasionales. Todos los detenidos, tras pasar a disposición judicial, se encuentran en libertad provisional con cargos. La presidenta de la asociación de vecinos de Embajadores se personará como acusación particular y solicitará como medida cautelar que se les prohíba acercarse a un radio de 500/1.000 metros a la glorieta de Embajadores.

“La investigación ha sido tremendamente paciente, difícil por las medidas de precaución que adoptaban los empresarios de los vehículos, los conductores de las cundas y los captadores de los clientes en las bocas de metro de Embajadores. Tomaban unas precauciones que complicaban la tarea de confirmar que los vínculos formaban parte de varias redes organizadas, no de particulares”, ha explicado Alfonso Fernández, jefe Superior de Policía de Madrid. La investigación se inició a raíz de las numerosas denuncias de los vecinos y asociaciones de Embajadores y dio como resultado una operación que se encuadra dentro de las 11 operaciones policiales efectuadas en lo que va de año contra los clanes de la Cañada, con 89 detenciones y 18 búnkeres de la droga demolidos.

Los cuatro grupos desarticulados estaban estructurados de forma piramidal. En lo más alto de la jerarquía se encontraba el dueño de los vehículos. El siguiente nivel lo formaban los conductores, seguidos de los captadores y finalmente los testaferros, a cuyo nombre estaban las cundas. El primer servicio de cundas estaba integrado por marroquíes, un padre y sus dos hijos que manejaban seis cundas y de vez en cuando intercambiaba conductores con el otro clan magrebí, en el que la mujer del dueño de los coches actuaba de testaferro. A su vez, el grupo rumano tenía furgonetas con capacidad para siete-ocho personas, y su testaferro era un ciudadano español drogodependiente sin domicilio conocido.

Los búlgaros, también con vínculos familiares, contaban con una furgoneta y otros cuatro vehículos. “Los grupos no se llevaban mal y por lo general no eran violentos, salvo en algún caso excepcional... Había trabajo para todos”, ha observado Murillo. El volumen del negocio era tal que las cundas empezaban a operar a las ocho de las mañana y no paraban hasta las doce de la noche. Las ganancias de los clanes oscilaban entre los 9.000 y 12.000 euros mensuales. El montante que se repartían entre las cuatro organizaciones a final de año estaba entre los 432.000 y 575.000 euros.

El modus operandi de las cundas no dejaba nada al azar y sacaba el máximo provecho al negocio. Cada viaje se realizaba con el vehículo completo, con cuatro o cinco viajeros, que abonaban por el desplazamiento cinco euros. Ya en la Cañada, los clientes disponían de habitaciones en las parcelas de los distribuidores donde consumían sus dosis. La forma de pago a los conductores de los taxis de la droga era con micras, la dosis diaria que requerían los chóferes, en especial cocaína.

El Ayuntamiento de la capital admitió en diciembre su fracaso en las erradicación del problema y alegó que carecía de las “herramientas legales adecuadas”. El coordinador de Seguridad, Javier Conde, reveló entonces que durante 2010 se hicieron seis detenciones y 137 denuncias y se retiraron 22 vehículos. Según la concejal de IU María del Prado de la Mata, además de Embajadores hay otros dos puntos de salida principales, Simancas (“histórico, lleva desde 1997”) y Villa de Vallecas, pero “ha cambiado el modus operandi”. Ahora, en lugar de drogodependientes son “jubilados o taxistas los que, por tres euros por pasajero y hasta ocho en caso de urgencia, hacen viajes a la Cañada Real”.