Atasco urbanístico en Castellón

Al Ayuntamiento de Castellón se le agotan las jugadas para aprobar por tercera vez un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha sido anulado por el Tribunal Supremo en dos ocasiones. El equipo de gobierno se hallaba estos días en pleno trámite de exposición pública para volver a dar el visto bueno en abril al plan del año 2000 (anulado en 2008 y 2011) pero ha recibido el golpe casi mortal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El plan, que nació con Alberto Fabra como concejal de Urbanismo y que recibió su aval, ya como alcalde, en el posterior intento de legalización que el Supremo ha definido como “un simulacro de cumplimiento” del fallo, está ahora en punto muerto.

La semana pasada, el tribunal ordenó al Ayuntamiento elaborar y tramitar un nuevo PGOU en su totalidad, lo que llevaría a un trámite de al menos cuatro años y a dejar el urbanismo de la ciudad en un limbo jurídico. Las organizaciones empresariales ya han levantado la voz de alarma. “Si con la crisis se hacía poco, ahora la situación de inseguridad legal que genera no tener Plan General en vigor y con la expectativa de iniciar un nuevo proceso que se alargará durante años, la actividad del sector será cero”, advierte Fermín Renau, presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (Apecc). Según explica, la decisión dejaría a dos quintas partes de Castellón “fuera de planeamiento”. Por ello, Consistorio y Apecc han presentado un recurso de súplica ante el TSJ como última esperanza para que dé marcha atrás y no obligue a redactar un nuevo documento.

En junio de este año los técnicos municipales elaboraron una memoria en la que concluían que la sentencia de 2011 “deja sin cobertura legal todo lo que ha sido el crecimiento urbanístico de la ciudad en estos 12 años” y apuntaban a la “urgencia de solucionar esta inseguridad jurídica”.

El informe municipal ponía el acento en la “transformación sin precedentes” que ha vivido la ciudad en estos últimos 12 años. En este tiempo, Castellón ha visto cómo ponía fin a su principal cicatriz soterrando la vía del tren, ha inaugurado autovías como la CS-22, casi ha culminado los 14 kilómetros de circunvalación, ha encauzado el barranco de Fraga, iniciado la implantación del Tram, construido grandes dotaciones como el Palacio de Congresos, la dársena sur del puerto, consolidado la zona universitaria y creado un sinfín de equipamientos públicos. En total, un desarrollo de unos cuatro millones de metros cuadrados con una inversión de 150 millones de euros que ha sido posible bajo el amparo del PGOU del año 2000.

Solo se han finalizado completamente 49 de los 186 ámbitos de desarrollo urbanísticos previstos en el planeamiento anulado

Pero sólo se han finalizado completamente 49 de los 186 ámbitos de desarrollo urbanísticos previstos en el plan anulado. Pendientes quedan obras como el túnel para la implantación del AVE, la plataforma logística junto a Parc Castelló, el acceso sur al puerto, la Ciudad de las Lenguas, etc. Con todo, la gran incógnita a despejar está en saber qué pasaría con el urbanismo futuro de Castellón si el TSJ no atiende a las súplicas.

Por el momento, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Apecc se confía en que el tribunal valenciano recule y no obligue a iniciar de nuevo todo el proceso. El abogado de la asociación de constructores, Manuel Cruceta, sostiene que “en esta ocasión” el Consistorio habría actuado correctamente y afirma que el auto “excede lo señalado por el Supremo porque éste no decía que había que volver al punto cero”.

En todo caso, este experto habla del régimen urbanístico transitorio que la Generalitat aprobó en septiembre como el salvavidas que permitiría seguir actuando conforme al plan anulado. Con este documento, el Consell anuló el PGOU anterior de 1984 y dio carta de legalidad durante cuatro años al plan de 2000 de tal forma que todas las actuaciones incluidas podrían seguir ejecutándose. “La transformación urbanística producida durante 12 años resulta irreversible”, establece el decreto.

Otros letrados alertan de que, al igual que ha pasado con el Plan General, cualquier vecino afectado por una obra avalada por este decreto podría impugnarlo. Y esta inseguridad legal puede bastar para que ningún constructor se arriesgue.

A la espera de la decisión final del TSJ, el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, ya ha anunciado que comparecerá en el pleno de este mes para explicar en qué situación se queda el urbanismo de Castellón. Mulet ha reconocido que el auto del TSJ es “un duro golpe” para la ciudad. “Redactar un nuevo PGOU costaría cuatro años y los consiguientes trastornos para ciudadanos, promotores y empresarios”, advierte.