Las responsabilidades de Alberto Fabra

Hacer enfadar a la Justicia tiene consecuencias muy negativas para aquellos que se creen por encima de todo. Sin embargo, cuando estas consecuencias afectan al interés general ya es necesario pedir responsabilidades políticas de envergadura.

En la capital de La Plana los diferentes alcaldes y concejales de Urbanismo de los últimos años se han posicionado, conscientemente y de forma reiterada, por encima de todos los juzgados y tribunales. Y una vez tras otra se han estado carcajeando en silencio de los diferentes autos y sentencias que repetían una y otra vez que el PGOU de 1998 era radicalmente nulo.

En 2009, hace tres años, el Tribunal Supremo, es decir, la más alta magistratura de nuestro país, declaró nulo el PGOU de Castellón, y unos pocos le pedimos al Ayuntamiento de Castellón que iniciara un procedimiento de revisión del planeamiento para ajustarlo a las nuevas circunstancias que 10 años después de su aprobación era evidente que necesitaban de un cambio importante.

Les dijimos que era necesario ajustar el caduco plan a la normativa estatal y autonómica en materia de urbanismo. Que era necesario proponer a los castellonenses una ciudad para el siglo XXI y abandonar una ciudad construida a base de pegotes de intereses económicos de amigos y conocidos. Que entre todos, los partidos políticos, los agentes sociales y la ciudadanía en general, podíamos acometer el trabajo de elaborar un instrumento en el que nos encontráramos todos a gusto, fácil de gestionar y económicamente sostenible.

Sin embargo, el hoy presidente de la Generalitat y entonces Alcalde de Castellón y anteriormente concejal responsable de Urbanismo, optó por enfrentarse a la Justicia. Sometió a información pública en 2009, con el beneplácito, complicidad y connivencia de la Generalitat Valenciana, el mismo documento que en 1998 ya había expuesto al público. Como si el tiempo no hubiese pasado. Como si durante una década no hubiésemos cambiado todos, la ciudad, sus habitantes, las circunstancias económicas, el ciclo económico en sí.

Hoy, tres años perdidos después, el Tribunal Supremo se siente engañado y al TSJ de la Comunidad Valenciana le ha entrado la vergüenza torera. Y ambos le han dicho, por activa y por pasiva, que no caben más engaños a la ciudadanía y a la Justicia. Que hay que redactar un PGOU nuevo, adecuado a las circunstancias físicas, jurídicas y legales de la segunda década del siglo XXI. Ya no vale disfrazar al plan de 1998 con tapas nuevas y someterlo a información pública otra vez. Y van tres.

A los representantes de los promotores que tan amargamente se quejaban de que el último auto del TSJ nos dejaba sin planeamiento, quisiera tranquilizarlos, Todavía nos queda el extraño régimen transitorio que se ha sacado de la manga la Generalitat dirigida por Alberto Fabra. Y mientras no lo impugne ningún afectado por alguna licencia mal dada pueden estar tranquilos por cuatro años.

El problema es más grave. Si empezamos ahora la tramitación de un nuevo PGOU, con su proceso de participación pública, su documento de referencia previo de la Generalitat, y su justificación de viabilidad económica, y su proceso de redacción, tenemos entre un lustro y una década por delante. Y no exagero. Créanme.

Ya no caben trampas. No pueden engañar más a la Justicia

Y ya no caben trampas. No pueden engañar más a la Justicia. Por cierto, el artículo 118 de la Constitución española establece, entre otras cosas, que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, y el artículo 18.2 de la LOPJ dispone que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”. Y nuestros dirigentes de Castellón no lo han hecho. Lo dice el TSJ.

Hay que recordar, pues, el artículo 404 de nuestro Código Penal, para el cual la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años. Y en el Ayuntamiento de Castellón se tiene toda la pinta de que se han dictado muchas resoluciones arbitrarias, a sabiendas.

Los hay que están pidiendo ahora la dimisión de Miguel Ángel Mulet, actual concejal de Urbanismo. Otros, más atrevidos piden la del alcalde actual, Alfonso Bataller. Todo ello sin darse cuenta que el auténtico responsable de todo este desatino y del daño tan profundo que le están causando a la ciudad es Alberto Fabra. Y es él el primer y último responsable político de esta situación y, por lo tanto, el que debe dimitir inmediatamente.

Vicente J. García Nebot es abogado urbanista.