El fiscal pide tres años para Hernández Mateo por su “obra maestra falsaria”

“El autor ha construido una obra maestra falsaria que solo tuvo una fatalidad: que le han descubierto”, aseguró este miércoles con contundencia el fiscal Gonzalo López Ebri, que pidió tres años de prisión y hasta 23 de inhabilitación para ejercer cargo público para el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo. El político está acusado de los delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 de la contrata de basuras a la empresa Necso-La Generala por 97,8 millones de euros en 10 años.

En las conclusiones del juicio, que arrancó el pasado viernes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, donde se juzga al exregidor por su condición de aforado al ser también diputado autonómico del PP, el fiscal insistió en que a lo largo de todo el expediente Hernández Mateo se implicó e intervino con un único objetivo, “conseguir la adjudicación” a favor de la firma beneficiada por el multimillonario concurso. De tal manera que nadie le pudo advertir de la ilegalidad “porque se ha creado la apariencia de legalidad”. Y añadió: “Es que casi es el procedimiento administrativo perfecto”.

A Hernández Mateo, que fue alcalde de Torrevieja durante 23 años, se le juzga por la polémica adjudicación de la contrata de basuras, que se resolvió después de pedir un informe que costó 12.000 euros a un despacho de abogados, Ariño Abogados Asociados, vinculado a la firma adjudicataria. Tras varias mesas de contratación en la que los asistentes mantenían discrepancias sobre la idoneidad de adjudicar el concurso o dejarlo desierto, el entonces alcalde ordenó encargar un informe jurídico a un gabinete.

Aunque el expediente de esta contratación se gestionó con el procedimiento de un contrato menor, que se asigna a un proveedor sin consultar a nadie más, en el decreto con el que se gestionó y en la información que se proporcionó a los responsables de aprobar la contrata se les dio a entender que se había consultado con tres gabinetes, como si fuera un procedimiento negociado. A pesar de esa apariencia de mayor transparencia, dos de los gabinetes mencionados en la documentación declararon que nunca se les invitó a elaborar el informe.

Ignacio Gally, letrado de la acusación popular, ejercida por Los Verdes, elevó la pena de prisión a cinco años e insistió en que la “falsedad” cometida “no es inocua” y aseguró que se trata de un “montaje ideado y orquestado desde principio a fin por el acusado”.

El abogado del exalcalde basó su defensa en que no hay prevaricación porque no se cometió ningún acto ilegal, ni falsedad porque las inexactitudes del procedimiento son “inocuas por irrelevantes”. Y si bien el exregidor echó la culpa durante el juicio a un funcionario ya fallecido, ayer su letrado cargó contra dos de las funcionarias que desmontaron las tesis de Hernández Mateo.