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El juez de las ITV anuló un concurso cuando ya estaba bajo sospecha

Ortiz, investigado ahora por el Supremo, tumbó una adjudicación en septiembre

Joaquín José Ortiz Blasco, el magistrado al que el Tribunal Supremo investiga por su implicación en la trama de las ITV, ha seguido dictando resoluciones sobre esa materia pese a saberse en el ojo del huracán. El pasado 13 de septiembre, Ortiz fue ponente de una sentencia que tumba una adjudicación de la Generalitat a tres empresas del sector de la inspección técnica de vehículos. Ese día, Ortiz aún no estaba siendo investigado formalmente por el Supremo por participar, presuntamente, en negociaciones prohibidas. Sin embargo, al menos desde el mes de mayo la juez de instrucción que lleva el caso ya indagaba sus extrañas relaciones con algunos empresarios imputados en la trama.

El Supremo ha abierto esta semana una investigación sobre el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, presuntamente, “asesoró” a dos empresarios implicados en la trama. La red, en la que están imputados el subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y quien iba a ser número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, pretendía, entre otras cosas, anular un concurso adjudicado por el Gobierno tripartito para lograr que se abriera un nuevo concurso a su medida. En el sumario del caso, los imputados aluden al secretario general de Convergència, Oriol Pujol, como contacto político de los empresarios. Y un informe de la Guardia Civil le sitúa como beneficiario de los negocios que pretendía impulsar la red, aunque lo cierto es que no ha sido citado a declarar como imputado.

En 2010, el imputado Ricard Puignou, de la empresa Certio, llevó ante la justicia un concurso en el que se adjudicaron tres estaciones. Un año después, Ortiz accedió a la petición de anular el concurso de forma cautelar. La decisión definitiva sobre ese caso aún no ha llegado. En el ínterin, Ortiz mantuvo una reunión, a principios de este año, con Puignou y miembros del gabinete jurídico de la Generalitat. El encuentro, en un restaurante, fue seguido por los investigadores y la juez elevó sus sospechas al Supremo, que ahora ve indicios de que el magistrado abusó de su poder al participar en negociaciones prohibidas a funcionarios.

La decisión del 13 de septiembre alude a tres estaciones de ITV distintas y se desprende de otra sentencia, también dictada por la sección de lo contencioso-administrativo que preside Ortiz. Esa decisión tumbó el decreto del tripartito que, por primera vez, abría el mercado de las ITV, hasta entonces en manos de Applus. Pero al consolidar un régimen de autorizaciones, dice la sentencia, el proyecto atenta contra la libre competencia. Aunque Ortiz no fue ponente de esa resolución, también participó, presuntamente, en las negociaciones previas. La resolución fue dictada en mayo, cuando el escándalo ya se había hecho público.