Declarado ilegal por tercera vez el parque eólico de la sierra del Tallat
Los jueces concluyen que la Generalitat vulneró la normativa urbanística
![Jesús García Bueno](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2a95ea9a-3806-4e49-b344-7870552767e7.jpg?auth=5b6ee7135931598e0443380ca8368e66f5ee3099a65ffc08ad5bba50f0310e6e&width=100&height=100&smart=true)
![El parque eólico de la sierra del Tallat, en la comarca de Urgell.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/I7ZFYN2P4RRUFKGRC5O2H4366U.jpg?auth=d0aa189ba15bdf3ab5fd152ffbab6cc4910af67fa129d9d17ec90e7404796c8f&width=414)
La energía eólica tiene, al menos en Cataluña, un enemigo aún más temible que la ausencia total de viento: la justicia. El parque de la sierra del Tallat, en la comarca del Urgell, en Lleida, es ilegal. Lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y lo más curioso es que no es la primera vez que los jueces cuestionan la legalidad de la instalación, sobre la que pende incluso una orden de derribo. La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, concluye que el parque, que alberga 33 aerogeneradores y está situado en el municipio de Vallbona de les Monges, incumple la normativa urbanística.
La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC sobre el parque de la sierra del Tallat es casi idéntica a la que esos mismos magistrados adoptaron la semana pasada sobre el vecino parque de la sierra de Vilobí. Ambas sentencias anulan la autorización que la Generalitat dio a la empresa Acciona para poner en marcha las instalaciones y abren la vía para que cualquier ciudadano reclame que el parque sea demolido y se restaure la situación anterior.
En julio de 2005, la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat dio a la instalación un “régimen especial”, la declaró de utilidad pública y concedió la autorización a Acciona. Esa resolución ha quedado ahora revocada, por lo que el parque —que está en funcionamiento desde el año 2007— queda en situación de ilegalidad.
Como en el caso de Vilobí, los magistrados consideran que el parque debería haberse tramitado dentro de lo que en clave urbanística se conoce como “sistemas generales”. Algunas instalaciones —centrales térmicas, vertederos, sistemas de abastecimientos de aguas— deben regirse por un plan general que sirva para vertebrar de forma adecuada el territorio. No sirve, pues, la aprobación de un simple plan especial, que es lo que hizo la Generalitat.
Un juez ya ordenó el año pasado el derribo de la instalación
El TSJC ya se pronunció sobre el parque de la sierra del Tallat, y en términos muy similares, en 2008, al admitir una demanda que habían presentado el grupo ecologista Ipcena y diversos vecinos. Estos denunciaron que el parque supone una “agresión paisajística”, deja un fuerte impacto visual en la ruta del Císter —el triángulo formado por los monasterios de Poblet, Vallbona y Santes Creus— y pone en peligro una importante zona de paso de aves migratorias.
Aunque no atendieron su demanda por esos argumentos, los jueces declararon nula la autorización. La Generalitat y Acciona interpusieron un recurso. Y el Tribunal Supremo, en vez de entrar en el fondo del asunto y cerrar el conflicto, se limitó a decir que había un defecto de forma en la sentencia y que debía volverse a la casilla de salida. De ahí que ahora se haya dictado una nueva sentencia.
Tras el triunfo de los ecologistas en 2008, su abogada, Elena Moreno —especializada en derecho urbanístico y medioambiental—, dio un paso más y pidió que se declarase nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Vallbona de les Monges a Acciona. El TSJC volvió a darle la razón y los ecologistas iniciaron lo que se conoce como un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística: pidieron, ni más ni menos, que se echara abajo el parque y que se iniciara la replantación de la zona.
Con la sentencia en la mano, un juzgado de lo contencioso administrativo acordó “demoler las instalaciones” y “reponer los terrenos a su estado original”. La resolución es contundente y señala que “la tolerancia en esta materia lleva a una inaceptable situación de hechos consumados (...), con el impacto paisajístico que comportan”. El parque, sin embargo, sigue en funcionamiento porque la decisión aún no es firme. La empresa afectada, que invirtió en las instalaciones 50 millones de euros, la ha recurrido ante el TSJC, que aún debe adoptar una decisión.
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