Recorte desigual en las guarderías

Las subvenciones a guarderías privadas y públicas acortan distancias. Si hace dos años la Generalitat pagaba 1.800 euros por niño a las públicas y 800 euros a las privadas subvencionadas, este curso la partida se ha reducido a 875 y 720 euros respectivamente. Esto se explica por qué el Departamento de Enseñanza, que dirige Irene Rigau, no se ha afanado tanto con las tijeras en un sector como en otro. Desde 2010, el recorte de las ayudas a la pública ha sido del 51%, y en la privada, del 10%, unos recortes que se han tenido que compensar aumentando las cuotas a las familias.

La Generalitat ha abierto finalmente la convocatoria de subvenciones (publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el jueves) a las guarderías privadas para el curso actual, algo que el sector reclamaba desde hacía semanas, ya que sin conocer la aportación pública se complicaba mucho la tarea de fijar el importe de las cuotas.

En total, Enseñanza destina este año 48,6 millones de euros a financiar las guarderías públicas (el 20% menos) y 8,9 millones a las privadas subvencionadas, una cifra que en 2012 se congeló, pero que el año que viene se reducirá el 9%. Con todo, la partida se antoja holgada teniendo en cuenta que los alumnos de este sector se reducen un 40%. Si el curso pasado había unos 7.000 niños (7,6% del total) en guarderías concertadas, este año se han matriculado en estos centros casi 3.000 alumnos menos, los mismos que ganan las guarderías públicas.

El sector de la privada subvencionada (principalmente ligada a entidades religiosas) representa un 5% de las guarderías. De los 91.700 alumnos de hasta tres años, el 60% están en centros públicos y el 35% restante en privados sin subvencionar.

La presidenta de la Coordinadora de Guarderías de Cataluña, Montse Fernández, rechazó ayer este nuevo tijeretazo de los fondos a los jardines de infancia y recordó que de estas ayudas no se benefician centros de élite, sino que se trata de guarderías gestionadas por fundaciones (hay unas 150). “Son guarderías históricas, algunas abiertas desde hace 40 años y construidas en barrios o municipios donde no había oferta pública”, defiende. Fernández asegura que este tipo de centros “no es un negocio” y que la subvención de la Generalitat “solo ayuda un poco”, teniendo en cuenta que el coste real de una plaza puede oscilar entre 4.000 y 5.000 euros según el municipio. El resto, lo asumen las familias.

La Coordinadora ve que el recorte de la subvención generará muchos problemas en las guarderías, que deberán hacer malabarismos para cuadrar los números. “O subimos cuotas o las profesoras nos volvemos a bajar el sueldo. Una tercera opción es dar menos servicios a los niños, algo que no es deseable. Pero las cuentas no salen”, lamenta Fernández. El sector de las guarderías privadas subvencionadas arrastran además problemas de impagos de estas ayudas públicas. La Generalitat les debe 2,5 millones (correspondientes al curso pasado) desde principio de año que no saben cuándo cobrarán.

El responsable de Educación de la Federación Catalana de Municipios, Josep Maria Freixanet, también lamentó el recorte de las ayudas a las guarderías privadas de iniciativa social, pero pone el énfasis en el hachazo “drástico y generalizado” que ha recibido la pública. “El talante del gobierno catalán es reducir todo aquello que es público”, critica Freixanet, quien apunta que un total de 20 guarderías municipales han tenido que cerrar por la imposibilidad de hacer frente a estos recortes. Y las que aguantan han subido las cuotas de forma generalizada, llegando al 300% de incremento en algunas poblaciones.

También se han visto obligadas a echar el candado varias guarderías subvencionadas, en municipios como Martorell o en barrios humildes de Barcelona como Trinitat Vella, Sant Martí o La Mina. El ahogo económico y la falta de niños (por el descenso de la demografía y por el trasvase hacia la pública) han acabado por rematar a muchos centros que ya agonizaban desde hacía tiempo. Los que consiguen mantenerse a flote, deben cargar con el lastre de pesadas deudas (por el retraso en el pago de las subvenciones) que ascienden hasta 80.000 euros en algunos casos, cosa que ha comportado el despido de personal.