La okupación y desalojo del antiguo centro Casablanca agita Lavapiés

Si para muchos vecinos de Lavapiés el Centro Social Okupado Casablanca —desalojado dos veces en menos de un mes, la última esta semana en una actuación policial que generó ayer un protesta frente al edificio— no era más que un ajado edificio repleto de okupas, para otros suponía un punto de encuentro “liberado del capitalismo” donde diferentes colectivos organizaban actividades para la mejora del barrio.

Este último grupo, conformado por indignados, vecinos, antisistema y desahuciados, coordinó en el centro una treintena de proyectos de los más variopinto (desde un taller de costura a clases de yoga, pasando por una oficina de okupación) hasta que el 19 de septiembre la Policía Nacional lo desalojó. Los agentes intervinieron por un mandato judicial tras la denuncia de la inmobiliaria Monteverde, titular del edificio y actualmente en suspensión de pagos. En el interior del inmueble —en el 23 de la calle de Santa Isabel y okupado durante dos años— quedaba el archivo del movimiento 15-M con miles de pancartas, actas de asamblea y fotos de la #spanihsrevolution.

Los asiduos al Casablanca no quisieron darse por vencidos y el pasado viernes por la tarde, tras una protesta por su cierre, un grupo de jóvenes lo reokupó rebautizándolo como Centro Social Okupado Magerit. “Al entrar vimos todo destrozado: carteles rotos, documentos por el suelo, y faltaba material, pero estábamos dispuestos a reconvertir el espacio”, explica uno de los jóvenes que, como el resto de entrevistados, se niega a dar su nombre.

Poco les duró la reconquista. Cuatro horas después, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) volvieron a desalojar el inmueble. “Ahora lo tenemos mucho más complicado porque están tapiando las puertas y las ventanas, pero seguiremos luchando porque Lavapiés necesita espacios abiertos a otras maneras de pensar”, explica un vecino.

Por este motivo, al mediodía de ayer, unos 300 manifestantes se congregaron en la plaza de Tirso de Molina para protestar por la acción policial del viernes, que creen desproporcionada. Al llegar a la calle de Santa Isabel, decenas de agentes antidisturbios no les permitieron el paso por el número 23 y la protesta se desvió por una calle aledaña hasta llegar a la plaza de Lavapiés. La Policía Nacional ha mantenido todo el fin de semana un dispositivo frente al inmueble como medida de “prevención del orden público”, según informaron a este periódico.

Abusiva presencia policial

Paquita González, vecina del barrio desde hace 40 años, criticaba la presencia policial en la calle: “A mí no me gustaban los okupas pero menos me agrada encontrar policías a todas horas”, explicaba mientras paseaba a su perro. El dueño de uno de los bares contiguo al número 23 reconocía que los jóvenes que acudían al centro no molestaban a nadie, pero criticaba que el espacio —en el que no vivía nadie— fomentaba la venta ilegal de alcohol y de drogas. A Patricia G., una estudiante de Filología de 22 años, le encantaba pasarse por la biblioteca de Casablanca y asistir a algunas charlas. El 15-M también utilizó el espacio para asambleas, así como la coordinadora 25-S, que impulsó la acción Rodea el Congreso el pasado septiembre.

El presidente de la única asociación vecinal de Lavapiés (La Corrala), Manuel Osuna, lamenta el cierre, pero reconoce que su asociación, que cuenta con 670 socios, no se relacionaba con el centro social. Osuna comparte la crítica que se hacía desde el Casablanca sobre la abundancia de espacios vacíos que hay en el barrio mientras se continúan necesitando locales para actividades. De hecho, ambos colectivos han subrayado repetidamente que solo hay un centro cultural en Lavapiés (39.985 habitantes). Los que fueron asiduos al Casablanca saben que no cuentan con el apoyo de todos los vecinos y lamentan no haber logrado acercarse más al barrio, pero confían en que próximamente vuelvan a estrecharse los lazos. Nadie confirma ni desmiente cuándo. De ruido de fondo se escucha: “Un desalojo, otra okupación”.