Más allá de la autonomía

¿Si llega algún día Cataluña a declarar la independencia, lo hará también la Comunidad Valenciana? Una lectura estricta de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía valenciano, la denominada “cláusula Camps”, así lo sugiere. “Cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunidad Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”, reza la disposición, introducida en 2006 a iniciativa del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Y continúa: “La Comunidad Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las demás comunidades autónomas”.

Por si todavía no quedaba clara la intención, la disposición añade: “A este efecto, cualquier ampliación de las competencias de las demás comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunidad Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas de actualización”.

La sentencia del Estatuto catalán frenó la evolución del modelo

La reforma estatutaria de 2006 no fue impulsada por un partido separatista o federalista sino por la organización valenciana del PP de Mariano Rajoy, que la pactó con la oposición socialista. Fue impulsada por el mismo partido que ese mismo año presentó el recurso al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia frenaría en seco, cuatro años después, tras un pulso político que rompió los equilibrios en su composición, cualquier expectativa de evolución del Estado de las Autonomías hacia un reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español y, lo que era más trascendente, cualquier expectativa de cambio del modelo “desde abajo” o “desde dentro”. Lo que llevó a personas de la relevancia del expresidente del Gobierno Felipe González (que firmó entonces un artículo sobre el asunto conjuntamente con Carme Chacón) a considerar superada una etapa y a propugnar que había que emprender una transformación federal del Estado.

Mientras tanto, en Cataluña la frustración abría una dinámica que ha culminado dos años después en la manifestación multitudinaria por la independencia del pasado 11 de septiembre y el reto soberanista lanzado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pero que se ha reflejado en muchos ámbitos de la vida cívica y cultural.

Por ejemplo, un teórico del federalismo plurinacional como Ferran Requejo, uno de los estudiosos de referencia del Estado compuesto, modificó definitivamente sus planteamientos a partir de la sentencia del Estatuto y emprendió otra vía, reflejada en un ensayo significativamente titulado Camins de democràcia: de l’autonomia a la independència. Casi al mismo tiempo, desde la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el principal think tank de la derecha española, el informe Por un Estado autonómico racional y viable ponía en cuestión la eficiencia del modelo en la prestación de servicios. Aquel es, todavía hoy, el guión teórico de las posiciones recentralizadoras que se han esbozado al amparo de las exigencias de austeridad derivadas de la crisis económica.

La fundación FAES marcó los argumentos recentralizadores

La cláusula Camps no tiene efectos realmente operativos, como saben todos los expertos, y nadie se la toma demasiado en serio, pero su “espíritu”, por llamarlo así, inspiró al PP, en su cruzada victimista ante el Gobierno que encabezaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para reformar de nuevo el Estatuto apenas cinco años después. Se introdujo, en aquel momento, una disposición adicional que pretende blindar las inversiones estatales, es decir, garantizar que el Estado invertirá en proporción al peso de la población valenciana respecto al conjunto de España. Los populares habían impugnado esa disposición en otros estatutos, como el andaluz, por supuesta inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional le dio luz verde al considerar que el blindaje no obliga al Estado, aunque el Gobierno de Zapatero se preocupó de cumplirlo allí donde existía.

La reforma estatutaria y otras iniciativas, como una proposición de las Cortes Valencianas para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) con la pretensión de generalizar el blindaje a todas las comunidades, se han convertido en “patatas calientes” con las que el Congreso de los Diputados no sabe muy bien qué hacer, ahora que al nuevo inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, le incomodan por su inoportunidad.

La frivolidad proverbial del PP valenciano en la instrumentalización de mecanismos estatutarios y legales de mayor calado (entre los que hay que incluir amagos de reformar la ley electoral) para generar ventajas a corto plazo ha sido una constante que no parece haber cambiado con el acceso de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat. En el reciente debate de política general, el jefe del Consell hizo solo una propuesta relevante: reducir de 99 a 79 el número de diputados de la Cámara autonómica, lo que exigiría una nueva reforma del Estatuto de Autonomía y un referéndum. La intención era dar una imagen de compromiso con la austeridad. El instrumento, algo que implica abrir de nuevo el melón institucional.

El PP valenciano ha usado las reformas estatutarias con frivolidad

Tal actitud, de llamativa inspiración populista, va a servir de poco si el debate territorial y el conflicto por el modelo de Estado adquieren de nuevo en España, como parece el caso, caracteres constituyentes, si apelan a pactos políticos de cierta relevancia. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, lo ha entendido así. De ahí su claro posicionamiento federalista y su afirmación de que “a los valencianos es a quienes más interesa que se mueva el tablero autonómico, porque somos los que estamos peor. El federalismo es una solución para España y también, específicamente, para los valencianos. Los valencianos necesitamos resituarnos en España en el tema de la financiación autonómica”.

Considerar que el debate sobre el modelo de Estado es una oportunidad acerca, sin duda, al PSPV-PSOE a las posiciones de la Coalició Compromís y de Esquerra Unida del País Valencià, eventuales socios en una alternativa a dos décadas de hegemonía del PP. Pero también lo acerca a significativos sectores de la sociedad civil, como el influyente lobby de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que ha manifestado expresamente que hay que aprovechar la discusión abierta desde el Gobierno de Artur Mas y “subirse al carro” de Cataluña para corregir un sistema que, sobre todo en la financiación, resulta discriminatorio para la Comunidad Valenciana.

El PP se debate entre el recurso instintivo a su “ideología de reserva” —Fabra hizo un amago de desenterrar la demagogia anticatalanista en su discurso de política general— o el alineamiento estricto con el discurso que Rajoy marque desde Madrid, lo que no ofrece mucho margen de maniobra. Si hay que deducir algo de las declaraciones de los dirigentes valencianos del PP es que esperan a verlas venir.

El líder socialista valenciano, Ximo Puig, apuesta por el federalismo

Así, el secretario general de los populares valencianos y consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por ejemplo, viene acusando a los socialistas de “querer aliarse con partidos que hacen algaradas independentistas”, pero apenas ha definido más posición propia que la defensa de la Constitución. “Defendemos el título octavo, creemos que el modelo autonómico es positivo y ha traído una etapa de prosperidad, que como todo hay que mejorarlo, pero no cuestionarlo ni cambiarlo”, ha dicho.

“Las cuestiones territoriales pasan por fases distintas”, ha escrito Josep Maria Castellà, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, “a veces se enconan, otras se enquistan, otras se diluyen, sin embargo, más difícilmente se dan por superadas. En cualquier caso, todas las instituciones, los juristas y también la sociedad civil tienen una gran responsabilidad para trabajar activamente, y con altura de miras, para afrontar los conflictos cuando se plantean, y poner todos de nuestra parte para resolverlos, asumiendo que la solución difícilmente será definitiva”.