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El juicio de Mercasevilla se suspende por un fallo técnico

La grabación clave del caso se interrumpió en la tercera sesión por la mala calidad de la audición

Javier Martín-Arroyo
Los empresarios autores de la grabación de Mercasevilla, Ignacio Rojas (izq.) y Pedro Sánchez.
Los empresarios autores de la grabación de Mercasevilla, Ignacio Rojas (izq.) y Pedro Sánchez. GARCÍA CORDERO

El primer juicio del caso Mercasevilla quedó suspendido ayer en su tercera sesión por la carencia de medios técnicos para oír con nitidez la grabación clave que originó el escándalo. Cuando el jurado popular escuchaba el contenido de las cintas referido al supuesto soborno solicitado por la excúpula de la empresa municipal, quedó en evidencia que la calidad de reproducción era deficiente.

El magistrado que preside el juicio, Ángel Márquez, ordenó detener la reproducción, ya que los miembros del jurado no podían discernir con claridad los diálogos. “Yo la he escuchado en mi despacho con nitidez, y ustedes harán lo mismo”, aclaró el juez al jurado. Tras opinar los abogados y la acusación que era necesario oír la grabación antes de interrogar a los cuatro acusados sobre la conversación, el magistrado decidió suspender la sesión. Uno de los miembros del jurado, informático de profesión, solucionó el problema técnico, informó Efe. La audición de las cintas está prevista para hoy tras garantizar la Consejería de Justicia que cuenta con los medios para solucionar estas anomalías técnicas.

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Durante la audición parcial de las cintas, ayer se oyeron las voces supuestamente del exdirector Fernando Mellet y el exsubdirector Daniel Ponce: “La Junta tiene un fin muy simple: yo colaboro con quien colabora (...) Tendríais que aportar la ampliación de potencia [de luz] y 300.000 euros”, espetan los exdirectivos a los empresarios de la Raza en la reunión en la que supuestamente exigen 450.000 euros a cambio de la concesión para una escuela de hostelería. Mellet añade en otro momento: “Estas cuestiones son desagradables (...) Los políticos son tan listos (...) Si yo fuera de otra manera, yo no estaría en testa reunión”.

El abogado de Ponce, Simón Fernández, denunció durante su intervención el “claro interés político del PP” en este caso después de que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, figurara como acusación particular. El letrado recordó al jurado precedentes de errores judiciales como el caso Wahnninkhof y mencionó que el caso formó parte de la estrategia del PP para contrarrestar el eco mediático de escándalos como Gürtel o Palma Arena. “Zoido actúa como un puro ciudadano, pero no como un ciudadano puro, pues se personó por interés personal”, destacó Fernández.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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