Bonig alega que no tiene sentido que el IVVSA promueva pisos

La reestructuración del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que supone el despido de 199 de los 328 trabajadores de la empresa pública, obedece a “las exigencias en la demanda social de vivienda que se dan actualmente”, aseguró este jueves la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ante una comisión de las Cortes Valencianas. Según Bonig, la crisis del sector inmobiliario ha generado “un stock de viviendas de difícil salida”, que hace “que no tenga sentido continuar con la actividad de promoción”.

Por eso, la consejera defendió la necesidad de “reorganizar” y “reestructurar” una plantilla que estaba “sobredimensionada”. Así, el plan de viabilidad relega “a un segundo plano” la construcción y promoción de viviendas, que tuvo en el IVVSA un agente muy activo en los años del boom inmobiliario con la creación incluso de empresas mixtas con promotores privados, y lleva al Consell a estudiar qué hace con el patrimonio existente. Bonig negó que se trate de “desmantelar” el IVVSA o de “malvender” los inmuebles de los que dispone.

Ahora, según la consejera, no solo se va a redimensionar la empresa pública, sino que se va a potenciar el objeto social del IVVSA, centrando su actividad en la oferta de viviendas en alquiler y la gestión del parque inmobiliario. Bonig defendió la necesidad del expediente de regulación de empleo (ERE) pese a que más de un centenar de afectados han presentado demandas por fraude en su aplicación ante los tribunales.

La oposición dice que la crisis hace más necesaria una política de vivienda

La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol enmarcó la reestructuración del IVVSA, la primera empresa de la Generalitat objeto de recortes, en una política “de desmantelamiento del sector público en el País Valenciano”, denunció que se despide a los trabajadores pero “se mantiene prácticamente a toda la plantilla de directivos” y acusó al IVVSA de “haber actuado con los parámetros de una empresa privada” y de “haber participado en la burbuja inmobiliaria”. Según Albiol, desde el IVVSA, “en lugar de atender la demanda de vivienda pública protegida, han estado jugando al Monopoly”.

“Aplican el ERE a los de abajo, no a los directivos”, señaló la diputada socialista María José Salvador, que consideró que el despido colectivo “no está en absoluto justificado, ni por la causa social ni por eficiencia y ahorro”. Según la parlamentaria del PSPV-PSOE, “en estos momentos y precisamente por la coyuntura económica, por la demanda de vivienda protegida y por la causa social, el IVVSA tendría que tener una plantilla proporcionada a las necesidades sociales que en materia de vivienda existen en la Comunidad Valenciana”.

Juan Ponce, de la Coalició Compromís, como habían hecho también las dos diputadas, denunció que los siete millones de euros que cuesta la ejecución del ERE se vayan a detraer precisamente del presupuesto previsto para el plan de acceso a la vivienda.