Gestionar la estrechez

“El escenario económico es radicalmente diferente de cuando tomé posesión del cargo. Hemos de gobernar con sentido común, reducir gastos y buscar nuevos recursos”. Este fue el marco con el que Alberto Fabra adornó este martes todas sus propuestas, en las que no tuvo cabida ni una sola de las ensoñaciones de su antecesor Francisco Camps, hoy convertidas en pesadillas.

El presidente de la Generalitat puso un ejemplo demoledor para justificar la humildad de sus iniciativas: los ingresos cayeron 2.400 millones de euros en 2011, un 16% menos que el año anterior, lo que representa la mitad del gasto en Educación. La lealtad del Consell al Gobierno de Mariano Rajoy, presidente del PP, hizo el resto.

En materia de autogobierno, Fabra propuso adelgazar el número de diputados de las Cortes y las instituciones de la Generalitat y lanzó a la oposición el guante de un pacto para hablar en positivo de la Comunidad Valenciana, defender las señas de identidad propias, los sectores productivos y un modelo de financiación que prime las personas antes que los territorios. Ayer mismo, la agencia Reuters difundió un reportaje donde cita a Valencia de ejemplo “de todo lo malo de España”.

Pero nada dijo el presidente del futuro de la reforma pendiente del Estatut —aprobada por las Cortes y sin fecha de tramitación en el Congreso de los Diputados— en la que se reclama mayor financiación del Estado en la Comunidad Valenciana. Fabra condicionó, además, la mejora de la financiación autonómica a la voluntad del Gobierno, igual que la reivindicación sobre los trasvases del Tajo y del Ebro, vinculada a un futuro plan nacional del agua.

Para terminar de adornar sus propuestas sobre el papel de la Comunidad Valenciana en el conjunto de España, el presidente de la Generalitat no dudó en intentar resucitar el caduco argumento del secesionismo lingüístico, pero sin acercarse ni de lejos al debate territorial.

Si las propuestas de autogobierno fueron de talle estrecho, en materia de empleo, Fabra propuso dos medidas de calado. Por un lado, la creación de un plan de empleo, dotado con 99 millones de euros en tres años para incentivar 15.000 contrataciones en colaboración con Diputaciones y Ayuntamientos. El fondo es, en la práctica, una reconversión de las políticas activas de empleo. Desaparecen seis programas (Emcorp, Pamer, Emorga, Ezonit, Emcorp-Salario Joven y Emorga-Salario Joven) que subvencionaba contrataciones temporales por parte de los Ayuntamientos y se centralizan las ayudas para incentivar la contratación directamente por parte de las empresas. Con el cambio de filosofía se pretende pasar de 10.000 contratados al año a 15.000.

Por otro, el jefe del Consell anunció el rediseño del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Con el sistema financiero valenciano desaparecido y la Sociedad de Garantía Recíproca al borde la quiebra, Fabra propuso reconvertir el IVF en un Banco de Emprendedores, que cubrirá parcelas que no cubre la banca tradicional como la concesión de créditos a estudiantes universitarios e inversiones de capital riesgo para emprendedores.

Se trata de iniciativas interesantes, tanto como la decisión de revisar, con los agentes sociales, la política industrial para lograr que represente el 20% del PIB regional, un porcentaje al que se debió aspirar hace años. El problema es que, con los recursos económicos actuales, la eficacia, por mucha que sea, será limitada.

En materia de infraestructuras, Alberto Fabra realizó las promesas que más estupor despertaron en la propia bancada popular. Prometió la llegada del AVE a Castellón en 2015 y la construcción completa del tercer raíl del corredor ferroviario mediterráneo en 2016.

En el caso del AVE, la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, justificó el pasado 16 de septiembre el retraso del Ministerio de Fomento en la licitación de las obras del AVE a Castellón porque se trata de mucho dinero y no tiene sentido si no conecta con Tarragona.

Respecto al tercer carril del corredor mediterráneo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, prometió fondos en los presupuestos del Estado de 2013. Si cumple la promesa, el tercer carril no estará terminado en 2016 como ha dicho Fabra.

El anuncio del presidente acabó por descolocar a su propio Consell, que ahora tendrá que explicar cómo piensa convencer a Fomento.

El presidente hizo también un esfuerzo por recuperar la idea de que el PP baja impuestos, después de subirlos. Así que anunció que en la renta de 2013 ampliará la deducción del IRPF a las familias numerosas e introducirá una deducción para la compra de material escolar en familias con parados. Deducciones que no cuantificó pero que en el PP, en privado, no dudan en tachar de irrisorias en cifras absolutas.

El resto de propuestas abundó en la línea de simplificar los trámites burocráticos y revisar las 135 leyes autonómicas para simplificarlas. Toda una enmienda a 17 años de gobierno del PP, que este viernes explicará cómo piensa privatizar íntegramente la gestión no asistencial de la sanidad pública valenciana para ahorrar 170 millones de euros al año.