Un ordenanza entregado a la especulación inmobiliaria

En el centro y las orillas de la trama de explotación sexual de mujeres que ha destapado el caso Carioca abunda el dinero. Y fue precisamente al seguirle la pista a los billetes y las propiedades que amasan los imputados cuando los investigadores de la Carioca alumbraron la Operación Pokémon. Uno de los patrimonios que la juez considera “inexplicable” es el de Javier Manuel Reguera Pérez, detenido el jueves, que además de funcionario del Ayuntamiento de Lugo y empleado del Grupo Vendex como gerente del servicio de la ORA en esta ciudad, es uno de los dueños de la parcela donde se levanta el Queens, el burdel que servía de cuartel general al proxeneta José Manuel Adán. Gracias a sus atribuciones en el consistorio, sostiene la juez Pilar de Lara, colaboró con Adán y su negocio, resolviéndole problemas con las licencias y el asfaltado del camino de acceso al prostíbulo, pasándole información sobre atestados policiales o facilitándole el enganche de la luz.

Desde que en 2003 logró una de las plazas de ordenanza del Ayuntamiento reservadas a personas con minusvalía —ese mismo año su mujer se sacó otra de auxiliar administrativa—, a Reguera le ha acompañado la prosperidad. Según admitió su esposa ante la juez a finales de 2010, este trabajador de la ORA desde 1986, al que permitieron compatibilizar este empleo con su puesto de ordenanza hasta que en 2009 fue nombrado gerente de Doal (filial de Vendex), es propietario de tres apartamentos, un piso y varias fincas en Foz y Lugo. En estos años, según su mujer, se ha dedicado a la compraventa de bienes inmobiliarios y por sus manos han pasado al menos otros cuatro pisos en la capital lucense y dos casas en Coeses y Pías. Un informe pericial presentado por Reguera en el juzgado reconoce un patrimonio valorado en 618.000 euros, aunque testimonios recogidos por la juez aseguran que el gerente de la ORA presumía por Lugo de atesorar bienes valorados en seis millones de euros. La pareja de Reguera declaró a la juez que desconocía los movimientos de dinero que había hecho su marido para hacerse con esas propiedades porque “todas las cuestiones de compraventa las llevaba él”.

Reguera y su mujer aprobaron la oposición municipal cuando otro de los detenidos el jueves, el socialista Francisco Fernández Liñares, era concejal de gobierno en Lugo. Numerosos testimonios judiciales dan cuenta de la estrecha relación entre ambos y de cómo este compadreo propició el ascenso del ordenanza Reguera en el grupo Vendex. Un policía local aseguró a la juez en un interrogatorio de la Carioca que Liñares amparó la adjudicación del servicio de la ORA a Doal —una filial de Vendex— pese a que la empresa no cumplía los requisitos del concurso.

Tras hacerse con el contrato, Doal nombró gerente a Reguera, que ya estaba en las filas de la anterior concesionaria, Aparkisa, donde era representante de los trabajadores. Y pese a que Reguera pasó a servir a Doal el 4 de agosto de 2009, la magistrada Pilar de Lara acreditó en su investigación que el funcionario municipal ya utilizaba un móvil y un coche de esta empresa antes de esa fecha, cuando aún era Aparkisa la que le pagaba la nómina.